El gobierno está equivocado al pretender culpar a todos los colombianos de la difícil situación eléctrica del país. Y también lo está el buscar que los usuarios del sistema sean quienes se sacrifiquen para evitar, otra vez, las noches sin luz.

El usuario, mejor dicho, los colombianos, todos, nada tienen que ver con la actual crisis, a no ser que se les quiera cobrar el haber confiado en el Estado sin preguntar por los 7.800 millones de dólares pagados por Cargo por Confiabilidad (CxC).

Fue un dineral cuyas cifras caben en pocas cabezas, que por derechas les fueron descontados a todos los usuarios del sistema eléctrico, como garantía de que las plantas termoeléctricas funcionarían cuando, por fenómenos como el de El Niño, por ejemplo, dejara a las hidroeléctricas sin agua suficiente.

El hecho de que, desde la equivocación, se busque presionar el ahorro de energía no implica, desde luego, que los usuarios no vayan a ahorrar. Lo harán. La mayoría recuerda las que pasó cuando el gran apagón, cuando el país perdió 20 billones de pesos por el frenazo que paralizó al quedar sin electricidad.

Fue otro país, uno del quinto mundo, si cabe, en el que hasta preparar un simple café constituía un enorme problema de logística, bien fuera porque el gas domiciliario no era tan generalizado como hoy o porque solo muy pocos hogares podían disponer de una ruidosa planta eléctrica o porque simplemente muchas actividades se dejaban para las pocas horas en que había energía eléctrica y así, entonces, también faltaba tiempo.

Hubo consenso para que la palabra apagón desapareciera del diccionario personal y social de los colombianos, y promesas de todos, incluido el gobierno de turno, de que se haría lo que fuera para que la negra noche quedara, si acaso, en las páginas más oscuras de la historia.

Y todos los usuarios resultaron pagando el CxC, del cual pocos sabían y hoy nadie les da razón (son unos 25 billones de pesos), y también todos durmieron confiados en que cada factura de electricidad pagada era un legítimo certificado de confianza en todos los gobiernos, en el Estado y, especialmente, en el sistema eléctrico.

Podía venir El Niño las veces que quisiera, que Colombia estaba tranquila, pues tenía garantizada toda la energía que pudiera necesitar. Pero El Niño vino y nos agarró con los pantalones abajo; y para completar dos generadoras, Guatapé, hidroeléctrica en Antioquia, y Termoflores, en Barranquilla, tuvieron problemas serios y suponemos que inesperados que aún no superan.

Y, ante a este panorama, producto de la eterna falta de vigilancia del Estado y de la carencia de una cultura seria del mantenimiento y la conservación, tuvo que el Gobierno salir a implorar que Colombia ahorre electricidad, por lo menos mientras millones andan buscando agua, que también les dejó de llegar (unos 300 municipios están sometidos a racionamiento del líquido potable).

La preocupación llevó al gobierno a elaborar un plan de estímulo-sanción con el que confía en lograr un ahorro importante en el consumo de electricidad, pero hasta anoche, las empresas generadoras no tenían claridad suficiente sobre cómo operará.

De todas maneras, como una espada de Damocles pende sobre Colombia la amenaza del racionamiento, del temido apagón, al que se llegará más por la desidia de los organismos estatales del sector y por la falta de controles, que por el consumo de los usuarios.

Si las reparaciones de Guatapé y Termoflores no se terminan en los plazos previstos, alguien tendrá que activar el interruptor y asumir las consecuencias de la protesta popular.

Falta saber si el sistema eléctrico está preparado para las eventuales consecuencias de La Niña, próxima a llegar cargada de lluvias y de peligros.