Decirle a un juez de Estados Unidos que su decisión fue innecesaria es una falta de tacto y un desconocimiento fundamentales de lo que significa la soberanía de la Justicia en ese país. Eso debieran saberlo al dedillo personas como el propio embajador colombiano en Washington, Francisco Santos Calderón.

Contra una decisión del último juez de Estados Unidos no puede ni el propio presidente, y menos, cuando se le envían razones por fuera de los caminos legales, es decir, cuando no son los abogados, sino terceros, los interesados.

Por eso, fue casi inmediata la negativa del juez James Lawrence King, quien mantiene encarcelado al exministro Andrés Felipe Arias, a una petición de Santos de dejar en libertad al exfuncionario, por considerar “innecesaria” su reclusión, ya que, según el embajador, no hay riesgo de fuga.

La petición está contenida en una carta a nombre del Gobierno colombiano que el embajador Santos envió hace unos pocos días al Departamento de Justicia, argumentando razones humanitarias, como la de facilitarle pasar a Arias pasar las festividades de Navidad con su familia en Miami.

El juez actuó como acostumbran a actuar los jueces en Estados Unidos, con respuesta negativa inmediata, pues, por cultura, allí se considera que calificar de cualquier modo una decisión de un juez es, de alguna manera, señalarlo a él de no actuar como juez.

El juez King debió pensar que el embajador se burla de él, porque Arias está preso porque la Corte Suprema de Justicia lo pidió en extradición, precisamente porque se fugó de Colombia para eludir la codena a 17 años de cárcel por el paquete delictivo de Agro Ingreso Seguro, cuando él era ministro de Agricultura.

Pero, además de la, esta sí innecesaria, lección que la Justicia de Estados Unidos dio al Gobierno de Colombia y al embajador, se pone en evidencia un doble estándar en el trato de nuestro servicio diplomático con todos los compatriotas que pasan dificultades en las cárceles extranjeras.

No se sabe todavía de una sola palabra del Gobierno colombiano dirigida a las autoridades estadounidenses pidiendo, para los presos de este país allá, algún beneficio especial, por la navidad o por las razones que sean.

Una carta de Santos podría facilitar, por fin, un censo sobre cuántos son los colombianos presos en Estados Unidos —y ojalá se extendiera al mundo entero—, de muchos de los cuales no se tiene la menor idea. Hace algunos años, en cárceles de Texas había colombianos con el nombre o la nacionalidad cambiados, con el fin de evitar tratos más duros por haber ingresado sin los requisitos legales.

Ellos sí necesitan que alguien, con vocería, argumente razones humanitarias para pedir que revisen sus casos o les brinden la atención que les niegan solo por ser extranjeros, y a quienes los guardianes y los demás presos discriminan.

Es lo mínimo que se espera de cualquier Gobierno, pero más del actual que, en cuanta ocasión se ha presentado, ha insistido en lo obvio: que es un Gobierno para todos los colombianos, sin preferencias ni exclusiones odiosas e injustas, y, para usar el término del embajador Santos, sin distinciones innecesarias.