Subsidiar la nómina es una de las alternativas para la protección del empleo en medio del fuerte impacto de la pandemia del coronavirus sobre la economía mundial, que en ningún rincón escapó de este efecto demoledor. 

En Colombia, ahora la misión en ese frente le corresponderá al Congreso de la República al cual el Gobierno Nacional le enviará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para extender ese alivio hasta diciembre de este año, de acuerdo con su propuesta.

Tal vez en el Senado y en la Cámara de Representantes la iniciativa sea mejorada e incluso ampliada  y sirva para buscar otros apoyos como el de la renta básica en medio de esta crisis sanitaria. El mismo Fenalco ha planteado estudiar la posibilidad de que se amplíe la cobertura al 70% para las empresas que tendrán apertura tardía o continuarán cerradas indefinidamente.

Lo cierto en este instante es que la ‘reanimación’ económica, pese a la reapertura gradual, no se siente en el esplendor esperado, notándose mermas considerables en la capacidad de compra de los consumidores, cierre definitivo de negocios, entrega de locales en los que hoy abundan los letreros se arrienda o se vende.

A este cuadro hay que añadirle aquellos que al perder lo poco que tenían quedaron endeudados y otros, que al quedar sin empleo comenzaron a engrosar al interminable grupo de los que mediante actividades del rebusque, como las ventas ambulantes, tienen que conseguir algo para ellos y sus familias.  

Lastimosamente, a muchos para poder conseguir ese plante, al ver cerradas las posibilidades de ir a un banco a conseguir un crédito para enfrentar esta crisis, entonces caen en las redes de los ‘gota a gota’ que con intereses más que usureros y métodos de pago diario, les complican más las cosas.

Por tal razón y en procura de conjurar que el tejido empresarial en Colombia se deteriore aún más, destruyendo de paso miles de empleos que al final conllevan a lanzar hacia la pobreza a sectores de la clase media y a pauperizar a otros, es fundamental que el Estado intervenga y extienda su mano.

Luego ha de esperarse que todas las bancadas den su apoyo a extender la ayuda a los empleadores consistente en un aporte del 40 % del salario mínimo legal mensual vigente (351.000 pesos) por cada empleado de las micros, pequeñas y medianas empresas que demuestren una disminución del 20% de sus ingresos. El Programa de Apoyo al Empleo Formal fue planeado, inicialmente, para  mayo, junio, julio y agosto. 

Todo lo que se haga en materia de rescate al sector productivo finalmente es una inversión que se verá reflejada en la propia estabilidad económica y social del país, luego aquí no caben los discursos de que estaríamos cayendo en perjudiciales asistencialismos o en ayudas excesivas y fiscalmente costosas. 

Luego entonces con ese mismo rasero debería mirarse por parte del Ejecutivo y el Legislativo algo más allá del ingreso solidario, como sería la renta básica con un recurso importante para que millones de familias a las que la pandemia dejó con los brazos cruzados, puedan sobrevivir y empezar a salir adelante de nuevo, en un flujo que ayudará todos, porque al haber dinero para cubrir necesidades y gastos, pues la economía se moverá y la gente podrá tener algún alivio y acatar las estrictas medidas sanitarias para ganarle la batalla al coronavirus.