Que Colombia es un país de víctimas, es una realidad que nadie discute.

Con casi 8 millones de víctimas registradas históricamente, y más de 6 millones de estas sujetas de asistencia y reparación, según las cifras de la Unidad de Víctimas, Colombia aparece entre los países cuyo confl icto interno más dolor ha causado entre su población.

En ese contexto, Norte de Santander ha aportado, en los últimos años, 210.442 víctimas, de las cuales 206.711 lo son por razón del confl icto armado. Y aunque el departamento tuvo épocas pasadas en las que la violencia arreció quizás con más intensidad, aún hacen presencia en este territorio las guerrillas de las Farc, el Eln y lo que las autoridades han llamado el ‘último reducto del Epl’, el frente Libardo Mora Toro.

También hacen presencia las bandas criminales Los Rastrojos y el Clan Úsuga, así como algunas disidencias de estas dos que siembran el terror en el área metropolitana de Cúcuta.

Todas ellas, guerrillas y bandas criminales, se nutren del narcotráfi co, que en Norte de Santander no es un mal menor y por eso ha situado al departamento en el top 5 de los que más cultivos de coca tienen actualmente en el país.

Todos esos actores armados y negocios ilícitos, de los que también se nutren estructuras narcotraficantes que las autoridades no han sido capaces de desmantelar, siguen dejando víctimas a diario en la región, que pareciera haberse acostumbrado a vivir inmersa en el dolor que la guerra y el narcotráfi co infl igen.

Ayer, 9 de abril, el país celebró por quinto año consecutivo el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del confl icto armado interno. En casi todas las ciudades hubo marchas y durante la semana se realizaron distintos eventos que buscaban conmemorar esta fecha.

Aquí, sin embargo, esta celebración fue precedida por la amenaza de muerte recibida por el secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño López, y de la que aún no se sabe de dónde provino, y una manifestación de rechazo público, entre un grupo de víctimas, contra una ‘defensora’ a la que señalan de estar amenazando y difamando a otro defensor de víctimas del departamento.

Aunque esta disputa entre defensores de víctimas pareciera pasar inadvertida y ser un tema menor, en realidad es otra situación que les hace daño a las víctimas que dicen defender.

Envidias, celos, disputas, ataques, amenazas, injurias, calumnias, trabas a su trabajo, chismes, rumores, entre los llamados defensores de víctimas, también hace daño e impide que la labor del Estado en pro del bienestar de las víctimas que dicen defender, sea efi caz.

Todo ese panorama, del que no solo hacen parte los grupos armados ilegales, las bandas criminales y el narcotráfi co, sino también, y tristemente, algunos ‘defensores’ de víctimas, hace que el día de ayer tenga un sinsabor para muchas de ellas.

No solo porque ven cómo aquello que los victimizó sigue estando vigente en el territorio, sino porque los que se supone que dicen defenderlas están más interesados en lograr beneficios personales, que en hacer una verdadera gestión que permita que estos hombres y mujeres hijos de la guerra, puedan reconciliarse y perdonar.

En algunas zonas del país, el tema de las víctimas se ha convertido más en una lucha política y de poder, que en una verdadera gestión estatal coordinada para que estas accedan a lo único que realmente les permitirá avanzar: conocer la verdad, obtener respuestas de sus victimarios y una atención integral que les perrmita sanar las heridas y secuelas sicológicas .

Aunque la reparación económica es sin duda importante, el país no puede permitirse fallar en un asunto tan trascendental como este, en el que está en juego la reconciliación y el tránsito de una sociedad que solo reconoce el dolor, a otra distinta que sea capaz de construir nuevas realidades.

Buena parte de este trabajo está en manos de los defensores, quienes no pueden perder de vista la gran responsabilidad que han asumido.