Cúcuta -aparte de todos los problemas que arrastra como lastre desde muchísimo tiempo antes que la pandemia- está afrontando el de la presencia de cultivos ilícitos en la zona rural que tiene conexión con el Catatumbo, asunto que debe considerarse de extrema gravedad.

Y la triste realidad nos confirma que  la guerra librada entre organizaciones como el Eln y Los Rastrojos en esa disputa territorial y por querer quedarse con el manejo de las economías ilegales llevaron a la capital de Norte de Santander a padecer el recrudecimiento del conflicto.

Esas refriegas armadas y los ataques contra la población civil indefensa que queda en medio de esas acciones, han degenerado en masacres y desplazamientos, como el que se vivió en los sectores de Vigilancia, Totumito y Nueva Victoria, de donde salieron 107 familias por temor a sus vidas.

En la escuela de Banco de Arena, donde los niños no han vuelto por efecto de la pandemia, 414 personas se acomodaron allí desde el 19 de julio. Pero ahora regresaron a sus tierras de donde esperan no volver a salir de esa forma tan dramática y traumática para ellos.

Aquí debemos decirlo con claridad y sin menosprecio de otras localidades, ni mucho menos, pero es que esta situación está tocando al territorio de una de las 32 capitales departamentales, que dicho sea de paso, es también la más importante en la frontera con Venezuela. 

Entonces, ese mero enunciado debería de sacudir las fibras del Gobierno Nacional y toda su institucionalidad para proceder a tratar este asunto con toda la rigurosidad y toma de decisiones que conlleven a que esta problemática no continúe creciendo peligrosamente, en un departamento donde solamente el 13% está libre de la hoja de coca, como en su momento lo expuso el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Luego no se puede dejar sola a la región, sino que debe producirse una política pública más allá de lo que se ha hecho hasta el momento y probar otras soluciones, que no sean sólo las erradicaciones forzosas y las operaciones de fumigación; debe entenderse que hay un enorme componente social y humano de por medio.

Es que además, el asunto debe de tratarse integralmente y teniendo de presente ese hecho que el valle de Doña Juana Rangel de Cuéllar quiere que se entienda en el orden nacional, como es el hecho de  que esta situación está golpeando a la sexta ciudad más poblada de Colombia.

Entonces esto pone de manifiesto que tal vez los ejercicios de la fuerza y las acciones eminentemente militares o policivas tendrían que empezar a ser complementadas en el campo de los cultivos ilícitos y tomar otra clase de decisiones, como la aceleración de los Pedet en los municipios del Catatumbo además de la sustitución y de la erradicación acordada con las comunidades, en donde esto se complemente con créditos de fomento, impulso a las actividades agropecuarias, facilidades para que los productos no se pierdan y lleguen a los centros de consumo, entre otros.

Por el momento, la esperanza de quienes están en áreas rurales cucuteñas y del Catatumbo es que  haya un respeto básico de los derechos humanos por parte de estos actores armados y que entiendan que la comunidad internacional condena cualquier acción que conduzca a atentar contra la vida y la estabilidad de la población civil indefensa.