Saber que de cada diez asesinatos en Colombia nueve quedan en la impunidad es un hecho que no solo duele sino que avergüenza, o al menos debería avergonzar a todos los habitantes de este país sin Justicia.

Realmente, según estadísticas de la Fiscalía, 20 por ciento de los asesinatos es judicializado, pero durante el proceso, uno de cada dos acusados termina en las calles de nuevo, por diversas razones, incluidas algunas extrajudiciales.

Desde luego, el homicidio es solo uno de los botones de muestra del poder de lo impune, que lleva a que delitos de otra naturaleza también queden en la impunidad, como los llamados de cuello blanco, es decir, aquellos cometidos por personajes de la burocracia o del empresariado, que de ordinario terminan en el extranjero.

El problema de la impunidad en la Justicia actual es muy grave, por cuanto ha sido uno de los factores objetivos de la guerra que se intenta terminar, precisamente cuando lo impune es la pauta que rige mucho de nuestras relaciones sociales.

Una de las nuevas respuestas a ese ambiente de impunidad es, increíble, la que se considera la más vieja de las formas de justicia: la venganza, que tuvo su origen en la sociedad primitiva, donde la vida se pagaba con la vida.

La famosa Ley del Talión, del “ojo por ojo, diente por diente”, en su forma más brutal, es la nueva forma de justicia en Colombia, que cada día genera denuncias más y más frecuentes de linchamientos de sospechosos.

Estos linchamientos, en los que actúa todo un vecindario dispuesto a matar, sin importar la eventual inocencia del linchado, tienen como argumento el hecho de que los jueces pueden dejar en libertad condicional a los acusados de determinados delitos, y a los ciudadanos les parece que esas decisiones son reflejo de impunidad.

Durante años, las calles de Colombia se llenaron —aún hay casos— de muertos causados por un personaje al que nadie investigó jamás: el sicario de la moto, al que los primeros en atribuirle cualquier asesinato eran los investigadores, que casi nunca lograron detener a nadie.

Sin negar que fueran días horribles, luego todas las muertes fueron atribuidas por años y años a venganzas entre narcotraficantes, y a comandos paramilitares, que tampoco motivaron a nadie a investigar y a precisar responsabilidades.

Muchas veces les atribuyeron a sicarios desconocidos algunos asesinatos que pudieron ser cometidos por directos ofendidos. El fin era el de eludir, con argumentos creíbles, aunque no ciertos, la obligación de esclarecer los crímenes, el trabajo difícil de salir a la calle a investigar.

Esa forma de impunidad no se ha superado: aún hoy se atribuyen asesinatos a la ‘mano negra’ o a las bacrim, cuando sus autores pueden estar incluso en la casa vecina de la víctima.

Las cifras con contundentes: en 2008 se llevaron ante jueces 2.597 casos de asesinato; en 2014 hubo 4.987 homicidios cuyos presuntos responsables enfrentaron cargos. En 2008, de nuevo, el porcentaje de condenados fue del 2,2 por ciento (del total de casos denunciados, no solo los imputados); en 2014 fue del 9,1 por ciento.

Ha habido crecimiento en las cifras de sanción. Pero, mientras acá se castiga a 9,1 por ciento de los responsables de crímenes, en Estados Unidos, Canadá y Holanda los porcentajes son de 66, 75 y 50 por ciento, respectivamente.

¿Cuál es la solución de este problema, más recursos para la Justicia? Tal vez, un poco, pero la verdad quizás pueda ser hallada en la falta de Justicia justa, seria, no venal, corrupta… Porque no castigar a los corruptos que se quedan con el dinero del Estado es una forma de impunidad quizás más grave.

Y, en estos casos, la Justicia no la aplican los jueces, sino los políticos…