El gobierno del presidente Iván Duque ha presentado al Congreso para su estudio, discusión y aprobación el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”.

Es la hoja de ruta que cada cuatro años adopta el Gobierno para ejecutar durante su mandato. Recoge las iniciativas y propuestas que se presentaron a los electores y por las que éstos votaron y eligieron. 

En el caso presente, el Gobierno ha destacado que si bien se puede apreciar un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de la pobreza de 49,7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, que ha pasado de 16,3% a 31,0% en el mismo período, persiste un conjunto de factores y de restricciones que de no enfrentarse exitosamente comprometerán la continuidad de ese cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor equidad y calidad de vida para todos.

En ese universo de factores y obstáculos el Gobierno señala el estancamiento de la productividad en la última década, el incremento de las economías ilegales por la ausencia de Estado, el aumento en la corrupción y en la percepción de impunidad, las disparidades regionales en particular en contra de la Colombia rural, la alta informalidad laboral y empresarial, los costos tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad empresarial, los grandes rezagos para la transformación digital que tiene el país, y la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y al cambio climático. Con el Pacto por Colombia, el gobierno del presidente Duque procurará la remoción de tantos obstáculos y la transformación de las condiciones que hagan posible el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. 

En la medida en que se avanza y analiza esta especie de tratado de buenas intenciones, surgen preocupaciones, temores e incertidumbres. Se ha informado, por ejemplo, del desmonte de los subsidios de energía para el estrato tres. También, los reparos y críticas de gobernadores y alcaldes por la reducción o eliminación de importantes recursos para inversión social. 

Según el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo ordena un recorte drástico en los ingresos de las entidades territoriales, lo que afectará la inversión en rubros como la salud, la educación y el deporte. 

Esa reducción la ha calculado el presidente de la Cámara en 600.000 millones de pesos. Hay objeciones igualmente de parte de los departamentos a la nueva fórmula de cálculo establecida por el Dane en lo que respecta a los ingresos de las regiones por concepto de importación y venta de licores.   

Para los gobernadores del país, de aprobarse así el plan de desarrollo implicaría que los licores de menor precio de venta, que son a los que más accede la población, como aguardiente o ron nacional, tengan que pagar más impuestos, mientras que a los importados, como whisky, vodka y tequila, se les disminuiría el aporte que hacen al Estado, “esto afectaría directamente el mercado, por una tendencia del consumidor a comprar productos importados”. 

Finalmente consideran que se desconoce el principio de unidad de materia de las leyes, porque “no existe una conexidad directa y estrecha entre esta norma y los objetivos y metas generales del Plan Nacional de Desarrollo; la propuesta constituye una reforma tributaria a uno de los principales impuestos departamentales sin ningún análisis o impacto de la disposición”. 

Hay que estar vigilantes sobre el trámite en el Congreso del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia. Puede estar lleno de muchas buenas intenciones, pero es necesario el más amplio debate y concertación, pues se trata precisamente de una cuestión de equidad.