De un tiempo para acá, en Colombia se ha venido asentando una costumbre oficial que, de manera imperceptible, está permitiendo al Estado a eludir algunas de sus responsabilidades más elementales con la ciudadanía, y a trasladárselas a ella, que las acepta resignada. Como si no hubiera nada más que hacer.

Ideas como el padrinazgo para el espacio público —los parques lo son—, los planes de comunidad-Gobierno para pavimentar calles, los concursos estudiantiles para ornato de la ciudad a cambio de algún beneficio barato, las brigadas de aseo, por ejemplo, son una manera poco leal de comprometer a todos, contribuyentes incluidos, a sanear presupuestos deficitarios por los malos manejos, la corrupción o la falta de voluntad política para cobrar.

Ocurre, principalmente, en los municipios grandes, donde se manejan altas sumas de dinero público y donde a los contribuyentes les queda un poco más fácil acudir a sus ahorros para responder por algo que no les corresponde.

¿Por qué los ciudadanos honrados, que son casi todos, deben pagar más de una vez para que el Municipio les mantenga las calles en buen estado? El impuesto predial, primero, y la contribución para planes comunidad-Gobierno, después, son un doble pago para lo mismo. Desde luego, desesperados por el pésimo estado que tienen sus calles, hacen esfuerzos inmensos para solucionar los problemas viales, y no reparan en que ya habían pagado por ello.

En Cúcuta, estos días hay una situación muy particular con los parques: se dejaron sin efecto casi todos los contratos de explotación de estos lugares públicos por particulares, a cambio del mantenimiento que nunca es como se acordó. Pero, ¿por qué se debe acudir a ese mecanismo del padrinazgo para mantener en buen estado los únicos lugares de descanso y recreación de la comunidad? Que estén en condiciones aceptables no tiene por qué ser resultado de la enajenación del espacio público por quienes deben garantizar que en él no cabe la iniciativa privada. O, si no, ¿por qué perseguir al vendedor informal?

Delegar en los estudiantes de bachillerato, como ya ha ocurrido aquí, tareas de limpieza de campos parques sin padrino o de calles, a cambio de un premio para quienes mejor lo hagan, solo lleva a reiterar preguntas como ¿entonces, qué hacen con el dinero público?

Un absurdo mayor tiene que ver con los campos deportivos construidos con dinero de todos los contribuyentes. De alguna parte han resultado administradores que son la máxima autoridad allí, que determinan quienes sí y quiénes no pueden disfrutar de las canchas, dependiendo del pago. Y, de ordinario, los únicos que no tienen derecho a usar esos espacios son los habitantes del barrio, que no disponen de recursos. Y, aunque los tuvieran, ¿por qué pagar para disfrutar de lo suyo?

Tan viejo como la idea de la organización política del Estado, el concepto de espacio público siempre ha sido el mismo en todas partes, menos por estos lares: ‘El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes’.

¿Cuál de estas palabras será la que los administradores y coadministradores de Cúcuta no entienden a cabalidad?