Cuidar de que los desmovilizados no reincidan es tarea de la Policía y de la sociedad, si se quiere, pero no de la Fiscalía, así su nuevo rector haya asumido el cargo con ese objetivo en mente. No es que la Fiscalía no tenga que ver en que el objetivo se logre, solo que hay otras prioridades de verdad imperativas.

¿Por qué, en vez de preocuparse por los desmovilizados, no hacerlo por los que, de alguna manera, con sus acciones han contribuido a que esas personas se hayan ido a la guerra de la que ahora están de vuelta? Porque la impunidad y la venalidad de los jueces ha llevado a colombianos a la guerra. Nadie lo dude.

Los corruptos de todas las pelambres, cuyas acciones delictivas siempre se han disipado bajo el manto espeso de la impunidad y de los beneficios procesales, esos sí que debieran ser el objetivo fundamental no solo del fiscal sino de todo el ejército de burócratas que sostiene, viste y alimenta el Estado.

Un ejercicio académico calculó, hace varios años, que solo 10 de cada 100 actos de corrupción oficial llegaba al conocimiento de la Justicia, ridícula cifra si se tiene en cuenta el descomunal hueco que se abre en el fisco por razón de los delincuentes metidos a funcionarios públicos.

Pues bien. De 56 mil actos de corrupción denunciados en Colombia en los últimos años, solo en 1.600 los fiscales lograron condenas. En 800 de ellas, los responsables nunca fueron capturados, y, peor aún, en las otras 800, la mitad de los condenados está en casa pagando cárcel domiciliaria en promedio de 4 años.

Ese panorama de corrupción-beneficios procesales-impunidad debe ser, y no otro, la prioridad de Néstor Humberto Martínez, como ciudadano y como fiscal general. Se lo sugirió el presidente Juan Manuel Santos cuando lo posesionó y le pidió pasar a la historia como el fiscal de la lucha contra la corrupción, para que con él ‘paguen los culpables y sepan que al pueblo no se le roba impunemente’.

Bonitas palabras, sin duda, a las que Martínez respondió con otras, menos llenas de estéticas, pero esperanzadoras: ‘La lucha contra la corrupción necesita que los responsables de este oprobioso delito sean objeto de pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por un término condigno al daño causado. Cuando ello ocurra, sin privilegios ni contemplaciones, volveremos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal’.

Santos también le pidió un fiscal especial para La Guajira, departamento saqueado por la corrupción administrativa y los carteles de los contratistas. A ello, el fiscal prometió que la acción que planea contra los corruptos dejará un ahorro ‘superior al valor de una reforma tributaria’.

Ojalá en esos planes Martínez disponga, también, de un fiscal especial para Norte de Santander, departamento del que la opinión pública nacional tiene una imagen lamentable y una percepción de ser la cuna de muchas mafias.

Un agente especial de fiscalía, verdaderamente imparcial y decidido, podría aclarar para siempre si esa imagen y esa percepción coinciden con la realidad de esta región.