Le llaman trashumancia, pero su verdadero nombre es trampa, y como tal, significa corrupción. Y de la peor, porque con ella se apela al todo vale para ganar una elección a la que otros acuden limpios de obra y de conciencia.

El término, bastante antiguo en el español, por cierto, se le debió ocurrir a alguien que de verdad encontró la palabra exacta, precisa, para ponerle nombre a un fenómeno deplorable. El principal significado de trashumancia es sencillo: ‘Dicho del ganado o de sus conductores: pasar desde las dehesas de invierno a las de verano y viceversa”.

Nadie decente, correcto, puede acarrear electores pagos —porque ninguno de ellos lo hace gratis— y llevarlos a un pueblo extraño y ponerlos a votar por él. Le queda mal a cualquiera. Lo mete de inmediato y de lleno en la lista negra de la corrupción política.

Pero más mal queda si quien lo hace echa mano de los recursos del Estado para torcer la voluntad electoral de unas personas y de un pueblo.

Por eso, nos parece grave la denuncia del alcalde de Toledo, Yorjam Triana, en relación con estudiantes de la Universidad de Pamplona que fueron inscritos para votar en ese pequeño pueblo, donde el candidato de Cambio Radical a alcalde, Jairo Alberto Castellanos, es sobrino del rector de ese centro estudiantil.

Que vayan a votar por Castellanos, no lo sabemos. Desde luego, ellos pueden votar donde quieran. Pero, ¿por qué no lo hacen en Pamplona, donde viven?

El rector de la universidad y el candidato aceptan que había estudiantes inscritos para votar en Toledo, pero eran solo 37, y a todos se les canceló la inscripción. Y, respecto de los jurados, la Registraduría afirma que los nombres los selecciona automáticamente un programa de computación.

Al parecer, en el fondo hay una disputa política que, en medio del fragor, pone en entredicho la integridad de unos y de otros.

Si es cierto o no lo que denuncia el alcalde, les corresponde establecerlo a las autoridades, pero los detalles de todo lo que ocurre en Toledo no dejan de ser inquietantes.

El caso de Toledo no es único, pero si el más grave de todos, porque en él se involucra a estudiantes a los que se supone la universidad debe entregarles herramientas respaldadas por la honradez, la pulcritud, la integridad, la ética…, a fin de que sean en el futuro los profesionales que necesita un país hastiado de corrupción, de componendas, de impunidad, de violencia, un país gangrenado.

Norte de Santander tiene, según la Registraduría, 56.720 electores que al parecer están incursos en trashumancia. De ellos, 8.844 pertenecen a Los Patios, y 7.600 a Cúcuta.

Y salvo la anulación de la inscripción y la amenaza de proceso penal, solo para el elector, claro, nada más ocurre, a pesar de que quien se inscribe donde no vive para votar comete doble delito: trashumancia y falsedad en testimonio.

Pero, a quien constriñe o estimula para que el elector delinca, jamás le ocurre nada. Quizás el hecho de ser político activo lo blinda contra la acción de los jueces y de los fiscales, lo hace inmune, como agente de cáncer que es.