Es, de nuevo, un debate entre lo legal y lo ético. Y, en esta oportunidad, el origen del asunto es el ministro Alberto Carrasquilla, señalado de ser socio de una firma panameña “piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 11 municipios de Colombia”.

Así lo denunció el periodista Daniel Coronell, en informe sobre “la compañía creada por Carrasquilla y Flórez (Andrés, exdirector de Fogafín y exsubdirector general de Regulación Financiera bajo las órdenes de Carrasquilla), asesora para la emisión de bonos para comprar, con conveniente descuento, los recursos de los municipios”.

Según Coronel, el negocio de Carrasquilla y dos socios serían “unos 14.000 millones de pesos anuales durante cinco años”. Un dineral, sin duda producto de, como sugiere el columnista, conseguir dinero barato y prestarlo caro…

Los municipios, dice Coronell, “no solo pagaron intereses mucho más altos que los ofrecidos comercialmente, sino que las mayorías de obras de agua, que se financiaron con los Bonos Carrasquilla, siguen pendientes después de estos años”. 

¿Es legal tener intereses en compañías de papel, en un paraíso fiscal como Panamá? Sí, desde luego, siempre y cuando el origen de los fondos sea legal, y con la gestión no se evadan impuestos en Colombia.

¿Es ético tener intereses en compañías de papel, en un paraíso fiscal como Panamá? Depende de quién sea el interesado. Si es el ministro de Hacienda, pocas dudas quedan de que no es correcto, luego no es moralmente aceptable.

En el caso de Carrasquilla, la situación es un poco más complicada, pues, tiene una empresa que creó con el conocimiento confidencial de asuntos que conoció en su cargo de ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, y con el respaldo de una norma legal que fue modificada a propósito.

El ministro respondió a Coronell, y negó que se hubiera enriquecido a costa de los municipios. Pero el asunto central no es tanto ese, como el hecho de que un ministro, precisamente el de Hacienda, tenga intereses creados a partir de cambiar normas legales y de aprovechar información privilegiada.

También explica Carrasquilla que antes de asumir el cargo de ministro, él transfirió sus acciones en Konfigura, su empresa en Panamá, a Lía Heenan Sierra, su socia. Lo que no aclara es que ella fue presidenta de la Central de Inversiones S. A. (Cisa), otra entidad del Ministerio de Hacienda, mientras Carrasquilla era el ministro.

En los tiempos de la guerra total contra la corrupción, que declaró el propio presidente Iván Duque, no parece de buena presentación que Carrasquilla esté en ese embrollo. Aquello de que en materia de honestidad la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, es, en este caso, de gran vigencia.

No hacerlo significa ser tolerante ante situaciones oscuras. En casos así, es mejor pecar por injusticia, que dejar un manto de sospecha y dudas en rededor. Y las dudas en relación con Carrasquilla son crecientes.