No es sobre los hombros de los políticos, que descansa la democracia, sino sobre los de los líderes populares de barrio y de vereda. Ellos son quienes de verdad pueden ofrecerle la garantía de supervivencia. Ellos y todos los ciudadanos que los respaldan y siguen.

En Colombia se ha pretendido canalizar ese liderazgo en las juntas comunales, quizás los órganos de representación más arraigados en la sociedad de los últimos 50 años, por lo menos. Decir juntas comunales es referirse a organización popular, gestión permanente en  beneficio general, esfuerzo de todos para todos.

Claro, no siempre las cosas son así se sencillas. Tampoco son siempre transparentes.

En Norte de Santander, por ejemplo, la Acción Comunal está lejos de ser esa actividad desarrollada conjuntamente por los ciudadanos de un sector con vistas a lograr el desarrollo de comunidades de base o para resolver determinados problemas de las mismas.

Acá, por razón de la severa contaminación partidista, las juntas comunales son más que un organismo de movilización popular en favor de su desarrollo: se han convertido en un preciado botín por el que poco importa que sea necesario sacrificar o hacer. Todo se vale para controlar una junta comunal. Por ello, hasta a las amenazas de muerte se acude si se trata de extender el control a los organismos que las aglutinan.

Estos días, uno de ellos, la Federación Comunal de Norte de Santander, es una olla de grillos en los que el vocabulario procaz, de arrieros, es de uso general, y las amenazas de muerte son un recurso frecuente para evitar que se cuestionen algunas malas prácticas de personaje muy cuestionados dentro de la actividad comunal.

Por diversas irregularidades, consideradas graves, la elección de presidenta de la federación fue demandada, y declarada nula por el ministerio del Interior, y hoy, Norte de Santander carece de voceros ante la Confederación Nacional. Debido a la ilegalidad, a la presidenta le negaron incluso la entrada a la elección de dignatarios de la Confederación.

Ante esta situación de aislamiento, otros líderes comunales han buscado promover acciones tendientes a lograr de nuevo el reconocimiento, mediante una elección limpia, pero ello les ha valido ser amenazados de muerte y ser declarados objetivos militares de gentes que dicen respaldar a la presidenta actual.

En actitud poco clara, a sabiendas de la situación irregular, el gobierno departamental ha respaldado, incluso con dinero, a la persona que ocupa ilegalmente la presidencia y que no permite que la reemplacen.

Mientras tanto, toda la organización comunal del departamento, con la excepción de Cúcuta, carece de vocería ante los organismos nacionales, en una situación que solo tiene solución con la elección legal de un representante que garantice transparencia y pulcritud absolutas y que no compre votos “a cambio de lo que quiera” el elector.

En pocas palabras, el movimiento comunal del departamento está en una crisis muy profunda, a la que lo llevaron los egoísmos y las ambiciones de unos pocos que, mediante el poder del partidismo político, se han impuesto sobre las enormes mayorías a las que hoy amedrentan y amenazan de muerte, como si se tratara de pandilleros y no de líderes del pueblo.