Un poco tarde, pero el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cumplió su promesa pre segunda vuelta presidencial, de revelar prácticas electorales ilegales, ‘nauseabundas’, que la dependencia que dirige descubrió en varias zonas del país.

Quizás despertó demasiadas expectativas, porque su promesa ocurrió en uno de esos momentos preelectorales en los que cualquier leve zumbido retruena como si se anunciara una tormenta apocalíptica.

De todos modos, los resultados de la investigación demuestran, hasta donde el fiscal permitió conocer, prácticas muy graves que, por ahora, involucran a cuatro congresistas recién elegidos, varios diputados y concejales de Atlántico y Magdalena, dos prominentes empresarios barranquilleros, y a decenas de cómplices.

Se trata de verdaderas empresas criminales de gestión electoral diseñadas y desarrolladas para garantizar a sus clientes el éxito en cualquier campaña.

Por ahora, los congresistas comprometidos son Aída Merlano y Lilibeth Llinás, de Atlántico, y Fabián Castillo y Margarita Restrepo, del Centro Democrático (CD), de Antioquia, pero hay nombres de al menos otros dos, comprometidos, entre ellas María Fernanda Cabal, también del CD. Los empresarios son Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, hermanos de Roberto, eterno senador conservador recién retirado. Según el fiscal, ellos financiaban la empresa organizada para hacer elegir a Merlano y Llinás.

Esas empresas incluyen cosas que no es fácil imaginar en busca de trampear en las elecciones. Y lo logran, porque los delincuentes llegan incluso hasta las mesas de votación, donde los jurados, puestos por ellas, quitan y ponen votos físicos, y quién sabe si van más allá. Que los fiscales lo determinen.

La investigación no se ha detenido, dijo Martínez. Continúa en otras regiones, en decisión que da a entender que por fin alguien en lo más alto de los organismos de control es consciente de la inmensa podredumbre en que se han convertido todas las campañas electorales en Colombia.

En Norte de Santander, todas las prácticas de las que habló el fiscal ayer, son comunes en las campañas, pero hasta ahora no ha habido un solo funcionario que se dedique a investigar. Es como si todos, los políticos corruptos y los funcionarios estuvieran asociados en ese tipo de organizaciones delictivas.

Valdría la pena que la investigación se extendiera a esta región, donde el olor nauseabundo que aterró al fiscal es aún más concentrado. La Fiscalía General de la Nación puede tener la seguridad de que, si se decide, recibirá todo el respaldo de los nortesantandereanos, cansados de que la corrupción decida por ellos.

Por otra parte, la acción de los fiscales debe dejar de depender de la denuncia, como hasta ahora. Si un ciudadano no se queja formalmente, no hay investigación, en una situación que genera impunidad, porque los ciudadanos pueden tener toda la voluntad de cooperar, pero no a exponerse a los riesgos acostumbrados.

Y, de ordinario, no hay protección para los denunciantes.

De verdad que si se investigaran las prácticas electorales en el departamento, el fiscal general tendría razones suficientes para calificarla de nauseabunda. Hasta donde trasciende en los corrillos, casi todas las actividades políticas de la región están contaminadas por la corrupción, que pasa, al parecer, por celdas carcelarias.