Con frecuencia nos ufanamos de la rica y exuberante biodiversidad de Colombia, de la variedad de climas y temperaturas de nuestras regiones, de tener dos mares y una extraordinaria riqueza hídrica que es fuente de vida, de los impresionantes santuarios de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, y de nuestra envidiable y privilegiada situación con tantos,  bellos y exóticos recursos naturales. 

Sin embargo, son riquezas y privilegios que no hemos sabido aprovechar, ni apreciar, ni mucho menos defender y proteger. Son tan abundantes, que a pesar de nuestra increíble capacidad de destrucción, no hemos podido acabarlos en su totalidad.

El último informe de auditoría y seguimiento de la Contraloría General de la República al Estado de los Recursos Naturales del país vuelve a rajar las políticas públicas en este frente y a las entidades encargadas de gran parte de su manejo y administración como son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Según la Contraloría, esa política pública sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible del país es un terrible desastre. Y no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás.

Contrasta este deplorable y desolador panorama con el discurso oficial sobre la necesidad de enfrentar el cambio climático y el lanzamiento atolondrado de estrategias y planes de contingencia que solo se anuncian y jamás se cumplen.

El estudio de la Contraloría señala que el presupuesto de inversión para el sector del medio ambiente y el desarrollo sostenible se redujo en 21 por ciento el año pasado en relación con el de 2018. A ese recorte hay que agregar que las corporaciones autónomas regionales – que son las autoridades territoriales en lo ambiental -, solo ejecutaron el 69 por ciento de los 3,5 billones de pesos disponibles.

Una de las conclusiones más graves de este apocalíptico informe es que por las deficiencias de los acueductos, se pierde en el país el 41 por ciento del agua que podría ser reutilizada.

En plena pandemia, desperdiciar o no hacer uso racional del agua, constituye una acción criminal que no debería dejarse pasar por alto.

La responsabilidad de las llamadas CAR es evidente. Y como señalábamos antes, no es un asunto de ahora, sino que viene de tiempo atrás.

En el Congreso se ha intentado en varias ocasiones la reforma de estas entidades. Pero ello no es fácilmente posible, pues a los políticos del país, que son los que tienen asiento en el Senado y la Cámara, no les convienen los cambios que no les favorezcan. Para nadie es un secreto que las CAR son entidades burocratizadas e ineficientes, cuyo control y manejo absoluto lo tienen los gamonales políticos.

El estudio de la Contraloría General de la República señala también otras preocupantes consideraciones y conclusiones que debieran tenerse en cuenta. El río Magdalena, por ejemplo, otrora fuente de alimentación de las comunidades de por lo menos 17 departamentos del país, perdió su capacidad de proveer la dieta alimenticia de las comunidades por donde pasa. En 1987 se pescaban en ese río 45.271 toneladas de bocachico. Pero en 2016, esta pesca se redujo a 9.349 toneladas.

Y el archipiélago de San Andrés y Providencia, cuyas autoridades y pobladores, vienen luchando por la reapertura de la actividad turística, tras cinco meses de total parálisis, en cualquier momento podría ser declarado en emergencia por las basuras.

Lo más grave de todo este desastre es que no hay, según la Contraloría, planes ni metas ambiciosas, para salir del atolladero.