Ningún mortal -por poderoso que sea- puede estar por encima de imperio de la ley. Eso  nadie lo discute y menos en Colombia donde existe la independencia de poderes, pero hay que darle varias lecturas al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez  que acaba de ser detenido en su hacienda del  Ubérrimo mientras avanza un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia. 

Desafortunadamente ocurre en un momento crítico para el país por la pandemia del coronavirus, que podría a pasar a un plano secundario con las riesgosas consecuencias que eso generaría para la salud de los colombianos, puesto que el fuerte efecto o impresión en el ánimo del citado hecho jurídico pareció arrojar al olvido la crisis sanitaria.

Y ese impacto lo estamos viendo con manifestaciones y caravanas en las calles. Planteamientos de una constituyente para reformar la justicia. Debates acalorados en favor y en contra de lo ocurrido  y hasta pronunciamientos del mismo presidente de la República, Iván Duque. Pareciera que el virus ya no nos importa por el efecto Uribe.

Por lo tanto, todo lo anterior nos conduce a decir que al entrar Colombia en el escenario latinoamericano de los expresidentes en la mira de la justicia como ha ocurrido en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, nos ha llevado a exacerbar la polarización y a fracturar más la sociedad.

No es que la Corte Suprema tenga la culpa ni mucho menos o que el senador y jefe del Centro Democrático debiera estar como en una especie de nicho, por encima del bien y del mal. No. Pero hay que reconocer que los choques y la polarización acaban de recibir un fuerte empujón, en donde ya se habla hasta de tomarse Bogotá para presionar la libertad del dirigente.

Lo lógico en una democracia es acatar los fallos y que en el campo de la juridicidad se dirima el asunto, pero desde el fragor de la política lo mejor es apaciguar los ánimos para evitar desbordamientos que no llevan a nada bueno.

Ya se sabe que en hechos como este, hay una gran tensión y presión, pero también surge el interrogante válido que hoy sirve de argumentación a muchos de quienes se oponen a lo actuado frente a Uribe, y es por qué la Corte Suprema de Justicia no le aplicó el mismo racero al exjefe de las Farc, Jesús Santrich, quien ahora está en el monte como disidente, pese a que existían pruebas  que lo  comprometían con el narcotráfico.

Es que al hacer los contrastes en blanco y negro de estos procedimientos es donde surgen los sinsabores y se abren las brechas que conducen al malestar ciudadano, infundado o no, contra la administración de justicia y surgen las estigmatizaciones y las afirmaciones de que habría una tendencia marcada de administrar justicia para arrinconar a unos y favorecer a otros.

Este debate, que lamentablemente apenas comienza, debe canalizarse por los senderos democráticos y no desbordar las vías de hecho ni acudir tampoco a estrategias que parecerían revanchistas como de hacerle una barrida al Poder Judicial, incluyendo la JEP y dejando una supercorte. Ese tampoco es el camino, pero sí debe  actuarse con el justo de la balanza en medio de un gran acuerdo nacional.