Desde hace varios años el sistema de salud pública en Colombia está colapsado y cada día parece alejarse más la solución definitiva de una crisis a todas luces estructural que definitivamente no se resuelve ni se puede seguir tratando con pañitos de agua tibia. 

Las quejas de los usuarios contra las EPS han dejado de ser noticia, como la indolencia y el desastroso manejo administrativo, financiero y de servicios que prestan esas entidades en todo el territorio nacional. 

Tiene que morirse alguien importante o con cierto reconocimiento o figuración por cualquier motivo para que los medios y los reflectores mediáticos le pongan alguna atención. 

Las EPS tienen deudas con los hospitales y clínicas del país que pasan los 9 billones de pesos. 

A diario nos enteramos que esos establecimientos se ven obligados a suspenderle los servicios y dejar de atender a miles de pacientes, porque las deudas se acrecientan y los compromisos de pagos no los cumplen, sin importarles las necesidades y requerimientos de los hospitales y clínicas. 

Ante sus incumplimientos y quiebras – en muchos casos por malos manejos y pésima administración – el Gobierno dispone la intervención o cierre de las EPS que no sirven, traslada sus miles de usuarios a otras entidades similares, pero esto tampoco sirve, pues la atención al público no mejora. Como se dice coloquialmente, resulta peor el remedio que la enfermedad.

El derecho fundamental de la salud en Colombia, consagrado en nuestra Constitución, es el más vulnerado, según lo demuestran las más de siete millones de acciones de tutelas interpuestas en los últimos años en los juzgados y tribunales del país por personas de todas las condiciones económicas y sociales, a las que no se atienden en forma oportuna ni se les proporcionan los medicamentos que los médicos y especialistas les formulan, a pesar de cumplir sagradamente con el pago de las cuotas económicas que se les imponen. 

Esta tremenda falla de las EPS viola también el derecho fundamental a la vida, igualmente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.  

Pero lo que resulta más aterrador es que para esta calamidad pública, que los colombianos venimos padeciendo desde hace muchos años, no se haya podido lograr el tratamiento adecuado y el remedio definitivo.  

Las decisiones del Gobierno, las leyes del Congreso, los fallos de los jueces, las sentencias de las Cortes, los llamados y propuestas de la academia, las advertencias e intervenciones de los órganos de control, de los profesionales de la salud, de las asociaciones y sociedades científicas, además del dolor y los reclamos desesperados de los usuarios, no han servido de nada para poner fin a esta situación. 

O para mitigarla siquiera un poco. 

Podría decirse sin temor a exagerar que el Estado en su conjunto ha fracasado rotundamente: el problema de la salud pública nos quedó grande y nada parece indicar que la situación vaya a cambiar. 

El nuevo superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, es optimista frente a este desolador panorama. 

Sostiene que se está haciendo un trabajo articulado y minucioso con los organismos de vigilancia y control ‘para meter en cintura’ a las EPS que no cumplen. “Vamos a ser muy rigurosos en el manejo de los recursos. A una EPS que no cumpla no le voy a permitir que siga funcionando. Eso es fortalecer el modelo. No quedarán sino las EPS que sean solventes, cumplan con calidad y oportunidad sus servicios y tengan al día sus pagos”, dijo el superintendente en una entrevista publicada ayer en La Opinión. Esperamos que así sea.