El significativo aumento de las hectáreas utilizadas en el país para cultivos ilícitos, tiene a Norte de Santander como uno de los departamentos que lidera la siembra, producción y comercialización de cocaína.  Las cifras son alarmantes: en Colombia entre 2013 y 2014 las hectáreas cultivadas aumentaron un 44%, pasando de 48 mil a 69 mil, según el más reciente monitoreo de cultivos ilícitos de la oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (Onudc). Un informe de marzo del Departamento de Estado de EE.UU. indica que los cultivos llegaron a copar 159 mil hectáreas en 2015, algo que no se veía desde hace una década, lo que ha llevado a Colombia a ocupar de nuevo el primer lugar como país productor mundial de hoja de coca y el segundo de cocaína después de Perú.

En Norte de Santander, el crecimiento es un poco mayor, pues en el último año según la secretaría de Gobierno, las hectáreas de coca crecieron un 45%. Aunque es una realidad alarmante, no sorprende teniendo en cuenta que desde el 2012 no se realizan labores de erradicación de ningún tipo en el departamento y que los acuerdos firmados tras el gran paro de Tibú en el 2013 lograron frenar cualquier actividad distinta a la sustitución parcial de cultivos. El resultado: las casi 5 mil hectáreas que se tenían en ese año (2012) hoy se han duplicado.

Ante la decisión del Gobierno de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, la estrategia ahora está enfocada en la fumigación manual. Sin embargo, su acción podría quedarse corta ante la cantidad de hectáreas por erradicar, especialmente si se tienen en cuenta las dificultades que tendrán que enfrentar quienes se encarguen de estas labores, la más inminente, la estrategia utilizada por los grupos armados de sembrar minas antipersona para proteger sus cultivos y la reacción de las comunidades que derivan su sustento de esta actividad ilícita.

Solo los primeros cuatro meses del año, los escuadrones de erradicadores manuales han destruido en el país 6.100 hectáreas de coca. Para el 2016, la meta es arrancar cerca de 17 mil hectáreas, que equivalen a la décima parte de los sembrados  fumigados con glifosato o arrancados por los equipos de erradicadores hace una década.

El gobierno también le apunta a la sustitución de cultivos como un mecanismo para empezar a reducir la cantidad de mata de coca sembrada. Sin embargo, como bien se ha probado en el departamento, en donde desde el paro de Tibú se constituyó una mesa para trabajar en este sentido, los resultados no son realmente alentadores, pues han pasado años sin que se den logros contundentes qué mostrar en este frente. Para lograr un verdadero cambio de actividad y el tránsito del cultivo ilícito al legal, se necesita capacitación, cuotas de sostenimiento al menos para los primeros meses de la transición y una política certera de seguimiento que permita verificar y a la vez penalizar a quienes incumplan con el tránsito a la legalidad. Establecer lo justo ante la expectativa de los campesinos y las verdaderas capacidades del Estado para este tipo de mecanismo, es complicado y pueden pasar años sin que se vean resultados que demuestren que puede ser exitoso.

Ante el complejo panorama del drástico aumento en una lucha en la que Colombia en algún momento se consideró líder, el gobierno parece estar dando un giro en su manera de atacar el delito, y ahora enfilará sus baterías en destruir los laboratorios donde se transforma la hoja en pasta de coca, con el argumento de que puede resultar más efectivo golpear el negocio en las etapas distintas a la siembra, en las que, además, se pueden afectar significativamente las finanzas de los narcos. Destruir los laboratorios será entonces una prioridad para las autoridades, en esta nueva forma de concebir la lucha contra las drogas.

Solo en Norte de Santander, el reto es enorme, pues en el Catatumbo, por nombrar una zona, se concentra una cantidad importante de estos centros masivos de procesamiento, dotados con todos los implementos para generar grandes cantidades de coca en poco tiempo.

Sin embargo, si se espera poder dar golpes contundentes en este frente, la articulación de las autoridades y la estrategia para evitar filtraciones debe ser impecable, y la política de judicialización para quienes sean capturados en estas labores debe ser estricta y ejemplarizante.