La queja permanece desde cuando se abandonaron los principios federales para hacer de Colombia un Estado centralista en el que prácticamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo regional lo decide y lo financia Bogotá, a su manera, desde luego, es decir, muchas veces sin consultarle a nadie.

Este sistema causa tantos problemas como pueden imaginarse, en especial, porque casi nunca las decisiones del Estado central coinciden con los intereses de los habitantes de las regiones, debido a que el desconocimiento de cómo es el resto del país es permanente en los centros de poder. 

Estos días se dio un importante paso en el Congreso con miras a superar la situación: una de ellas es la llamada ley de regiones, que permite a la Colombia de fuera de la capital dar pasos descentralizadores en materia de obras públicas.

Según la norma, aprobada en medio del tráfago de discursos desatado como consecuencia de la ley de financiamiento (realmente, reforma tributaria), a partir de ahora, dos o más departamentos pueden unirse para idear, decidir y desarrollar obras de interés regional, para las que el Estado central entregará los recursos.

No es, ni mucho menos, generosidad del Congreso. La ley busca desarrollar los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, que solo eran letra muerta y que permiten que, desde enero, dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas con personería jurídica, autonomía y patrimonio propios.

Así, las regiones tendrán la autonomía y las facultades administrativas para tomar decisiones ‘alineadas a sus necesidades’, y el Gobierno Nacional asignará recursos directos del presupuesto, para invertirlos en esos requerimientos de los habitantes de los departamentos.

Es esta norma el espaldarazo para materializar iniciativas como la nuestra del Gran Santander, sobre la que hace pocas semanas hubo reuniones tendientes a unificar criterios en torno de las obras indispensables para la región que deberán ser integradas a un proyecto regional.

En esa reunión quedó claro que la mira está ahora puesta en el desarrollo local y regional, en el afianzamiento de las relaciones geopolíticas y en el gran esfuerzo por lograr que los partidos políticos se desmarquen de sus diferencias, ideológicas o no, y en acción conjunta den la pelea por proyectos que favorezcan la integración y la unión de los dos departamentos más afines del oriente colombiano.

La idea del Gran Santander pretende ir más allá, a recordar que somos una región tan homogénea que llevamos el mismo nombre y que el sentir de los unos es el mismo de los vecinos, realmente, nuestros hermanos.

Pero, en lo que se refiere a Norte de Santander, puede buscar con Boyacá y con Arauca, o con Cesar, organizar regiones administrativas para desarrollar obras vitales para esta parte del país.

En fin, lo importante es tener en cuenta que ya hay mecanismos aprobados para canalizar todas las iniciativas que sean viables, a fin de avanzar en busca de que el Gobierno central cada vez tenga menos que ver con la materialización de las obras regionales de las que, de ordinario, en los ministerios solo tienen unas ideas muy superficiales y vagas.