Del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) bien puede decirse que es una de las entidades más corruptas del Estado colombiano. Sin exagerar, en este organismo de menos de 30 años de existencia y que en la última década ha tenido cinco directores – algunos de ellos presos en su mismo despacho por hechos de corrupción –, se concentran todas las formas de delincuencia criminal. 

Las denuncias sobre corrupción e irregularidades de todo orden en el Inpec, son tan frecuentes como alarmantes.

Antes de ser el Inpec, fue la Dirección General de Prisiones. De la fusión de ésta con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia surgió el Inpec, en cuya disolución está pensando ahora otra vez el Gobierno, tras la escandalosa e increíble fuga de la excongresista conservadora Aída Merlano. Pero en ambas se presentaron espantosos episodios que fueron noticia de un día y que las “investigaciones exhaustivas” que se adelantaron no encontraron a ningún responsable: fugas rocambolescas de narcotraficantes, políticos y mafiosos nacionales e internacionales, masacres, peculados, extorsiones, “cambiazos”, fiestas ruidosas y orgías, etc.

Lo que ha pasado y seguramente seguirá pasando en el Inpec es apenas un pálido reflejo del fracaso y la ineficiencia total del sistema no solo penitenciario colombiano, sino también de su Justicia. Un sistema que jamás ha cumplido la misión de rehabilitar y regenerar a los presidiarios. Para nadie es un secreto que de las cárceles del país,  los delincuentes salen más preparados para delinquir que cuando ingresaron. 

Hoy, más de 190.000 personas privadas de la libertad están a cargo del Inpec, que cuenta con 12.848 uniformados o guardias y un hacinamiento de más del 53 por ciento. Los empleados y funcionarios están agrupados en cerca de 90 sindicatos, una situación propiciada a propósito, pues no resulta fácil para ningún ministro de Justicia o director de la entidad negociar o llegar a acuerdos laborales con tantos sindicatos. 

Al Inpec se le asignan cuantiosísimos recursos para su funcionamiento y operación, por lo cual sus licitaciones y contratos son muy apetecidos y disputados. 

La fuga de la excongresista Merlano coincidió con el llamado a indagatoria que hizo la Fiscalía General de la Nación al general ® Fabio Campo Silva, director del Inpec entre 2000 y 2001, por lo múltiples delitos cometidos en esa época, en la que en su momento se habló de asesinatos y desaparecidos.

Las historias que cuentan familiares y parientes de miles de detenidos son aterradoras: hay que pagar vacunas a los guardianes o funcionarios para conseguir un colchón, una almohada, un ventilador o una cobija, según el sitio de reclusión. También se pagan los traslados de celdas o patios, y de ciertas visitas.

Los políticos presos y los ‘capos’ pagan bien el ingreso de licores finos, comidas exquisitas, sofisticados equipos de telecomunicaciones y hasta prepagos. 

Para el experto analista en asuntos de seguridad, Hugo Acero, lo que ha venido pasando y pasa en el Inpec, “es la muestra más clara de un Estado fallido; esta situación no es nueva y tiene que ver con la falta de control de las cárceles por el Estado, donde el Inpec parece que no lo representa, sino que es otro grupo que contribuye al desgobierno y el caos en ese sector de la justicia”.

Casi todos los ministros de Justicia de los gobiernos de los últimos años juraron el día que tomaron posesión “meter en cintura el Inpec y ponerlo a caminar derechito”. Ni lo uno ni lo otro. Más bien estemos listos para la próxima trastada…