En buena hora el presidente Iván Duque ordenó desde ayer el cierre de la extensa y porosa frontera con Venezuela, ante la alarmante propagación del nuevo coronavirus, la pandemia que tiene temblando al mundo entero. 

Esta medida ha debido tomarse hace tiempo, pues el deterioro y la escasa o ninguna relación diplomática y comercial con el vecino país no justifican para nada el mantenimiento de la situación que hemos venido afrontando en los últimos cinco años.

La frontera con Venezuela ha sido un permanente dolor de cabeza para las autoridades y ciudadanos de los departamentos colombianos limítrofes como Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Cesar, Vichada y Guainía.

Por su extensión – 2.219 kilómetros – y sus condiciones geográficas y socioeconómicas, ha sido un corredor estratégico para el desplazamiento y movilización de los grupos armados ilegales y para la comisión de toda clase de delitos y acciones criminales que se alimentan y subsisten del torrente inmenso de dinero que genera el narcotráfico.

En el pasado, varios gobiernos e instituciones de los dos países alentaron y mantuvieron acciones conjuntas para enfrentar a los delincuentes, pero no fue posible su erradicación total ni su sometimiento.

Esa frontera es hoy un corredor para la comisión de los delitos no solo del narcotráfico, sino para otras actividades criminales como el tráfico de armas, el secuestro, el contrabando en todas sus modalidades, la minería ilegal, la extorsión, el chantaje y la trata de personas.

Delitos que para nadie es un secreto son tolerados y muchas veces estimulados o impulsados por las autoridades civiles y por los organismos militares, policiales y de seguridad. 

No existe en este momento – como ha pasado en los últimos años – un clima o ambiente propicio para mantener el actual estado de cosas.

Seguramente, con el cierre de la frontera tampoco se van a resolver todos nuestros problemas. Pero ya sabemos a qué atenernos y que esta clausura obedece a la necesidad de proteger la salud no solo de las gentes de frontera sino de todos los colombianos.

El cierre de la frontera tiene que estar acompañado de otras medidas y decisiones que el gobierno debe estar analizando y considerando. No se puede perder de vista que no son los puentes internacionales y los puestos de control tradicionales los que van a estar ahora más activos y en el ojo de todos. 

Hay más de 100 pasos ilegales – o trochas – a lo largo de nuestra línea fronteriza, por donde se puede colar la pandemia que a todos nos tiene con miedo. Sobre estas trochas hay que estar vigilantes.

Venezuela afronta problemas tremendos de desabastecimiento de alimentos y medicamentos. En los hospitales no hay agua ni luz suficientes. No ahora, sino desde hace varios años. Toca, pues, ejercer el máximo control y vigilancia no solo sobre los puentes internacionales, sino sobre las trochas y pasos ilegales.

En esta tarea que no va a ser fácil hay que rodear al Gobierno. 

A muchos, seguramente, el cierre de la frontera los va a afectar en sus intereses personales y económicos, pero la protección de la salud de los colombianos es un asunto prioritario de responsabilidad que debe y tiene que comprometernos a todos.