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Martes, 12 Marzo 2019 - 1:00am

El choque de trenes

Lo que hizo Duque fue declarar que la Corte se equivocó al señalar la ley estatutaria de la JEP como ajustada a la Constitución.

Pueden insistir en el alto Gobierno en que no lo es, pero en realidad si hay un choque de trenes entre el órgano ejecutivo y la Corte Constitucional en torno de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Sin duda, Duque actuó en el marco de su autonomía como jefe de Gobierno, pero, aunque lo haya dicho literalmente que no se trataba de un choque de trenes, la realidad es que sí lo es, entre dos de las más altas instancias del poder.

Lo que hizo Duque fue, sencillamente, declarar que la Corte se equivocó al señalar la ley estatutaria de la JEP, aprobada por el Congreso, como ajustada a la Constitución, y de paso indicar que su objetivo es todo el paquete jurídico en que sustenta el proceso de paz con las antiguas Farc.

Además de objetar lo decidido por la Corte, Duque rechazó la aprobación del proyecto de ley por el Congreso, al que, por otra parte, le anunció que pronto le enviará una propuesta para materializar una reforma constitucional que, al decir de analistas, podría determinar el fin del proceso de paz.

Las objeciones presidenciales desataron de inmediato el debate generalizado que se preveía, pues defensores y opositores del proceso de paz argumentan, con mayor o menor solidez, su postura en favor o en contra de la actuación de Duque, pero, en especial, del futuro de los acuerdos de La Habana.

Las objeciones son sobre puntos precisos, y tienen que ver con la reparación de las víctimas de la guerra, la falta de claridad en lo relacionado con el papel del comisionado de paz en la tarea de verificar las personas que participen en un nuevo proceso de paz, la falta de definición de en qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria, el hecho de que el Estado no puede renunciar a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad’, la inconveniencia de imprecisiones en materia probatoria y el que el mandatario considera condicionamiento del artículo 153 en cuanto al ofrecimiento de la verdad por parte de los acusados. Es decir, asuntos jurídicos.

Sin embargo, el debate se ha centrado en el aspecto meramente político que ha caracterizado el proceso con las Farc, y la posibilidad de que fracase y de nuevo los tambores de la guerra convoquen a los combates. A quienes prevén que pueda ocurrir algo de esto no les es suficiente la declaración reiterada de algunos exjefes de las Farc en el sentido de que no tienen previsto volver a las armas.

Por lo pronto, la capacidad del Ejecutivo para lograr en el Congreso algunos resultados favorables quedó en juego. Los sectores de oposición, incluido el partido liberal, tomarán asiento en favor de mantener el proceso, como única garantía de permitir el desarrollo del país.

Volver a la guerra se hizo, de todos modos, una opción. Antes no lo era más que en las especulaciones de los sectores políticos opuestos al Gobierno. Ahora es una posibilidad remota, pero posibilidad al fin y al cabo, lamentablemente.

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