Una cosa es Colombia vista desde El Chicó, y otra, desde el Chocó. Y en esa perspectiva, para Bogotá la guerra es algo remoto, por allá en las montañas, pero para el resto del país es muy cercana, tanto como en la puerta de la casa, o incluso acá, en la cocina.

Es una realidad que por ahora parece insuperable: dos países que se miran de reojo, llenos de dudas y de desconfianza, en especial por quienes tienen mucho que perder. Son dos realidades opuestas: una cosa es El Chicó, y otra, el Chocó.

Lo anterior, para hacer referencia a la promesa, que nos parece algo ligera, del presidente Juan Manuel Santos, de evitar “que otros grupos ilegales ocupen los espacios que las Farc están abandonando en cumplimiento del cronograma de paz”.

Desde luego, Santos habla con base en los informes de sus ministros y del pequeño ejército de altos asesores que lo rodea, pero con la perspectiva de El Chicó, desde donde la guerra ocurre pero no afecta —porque la guerra continúa, aunque ya no sea con las Farc—, mata y destroza, causa dolor… pero no es en la capital.

El momento es propicio para que alguien le haga caer en la cuenta al primer mandatario de que en el Chocó, es decir, fuera de Bogotá, todo es a otro precio. No es que se pretenda desvirtuar la promesa presidencial, es que ya llegó tarde, pues, al menos en Norte de Santander, el vacío que dejaron las Farc ya está copado.

Y desde hace ya largas semanas, cuando el Eln y el Epl —al que el gobierno insiste en llamar Pelusos, en su creencia de que la guerra se gana desde el léxico, y no en el campo de batalla—, y grupos de paramilitares, pequeños, pero activos, han convertido este departamento, tanto en el Norte, como en el sur, en su campo de Marte, para pulir y afinar sus métodos delictivos.

Hay extorsiones en la triste soledad de la absurdamente llamada Carretera de la Soberanía, y la ejercen grupos organizados y armados. Los pocos optimistas que se atreven por esos andurriales ya saben lo que van a encontrar.

Hay extorsiones, y de manera sistemática, masiva y reiterada, en los pueblos del Catatumbo, de donde amenazas de las guerrillas han hecho huir a los médicos de algunos pueblos, o los han secuestrado para exigir dinero o acciones forzosas.

En varios pueblos se registran desplazamientos de campesinos cansados de tener que soportar las presiones y las amenazas de bandas armadas y la tentación que representan los cultivos ilegales y el mercado de las drogas.

Desde luego, está bien que el Gobierno se preocupe por evitar que el espacio dejado por las Farc sea ocupado por otros grupos ilegales. Es lo que se debe hacer. Pero, en el caso de Norte de Santander, ya es tarde para evitarlo. Ahora, lo que se tiene que hacer es tratar de que los nuevos ocupantes los abandonen. Y, para ello, seguimos creyendo en el diálogo, desde luego, sin descartar la fuerza, si es que no queda otro camino.