Visto a la ligera, sin mayor análisis, en principio, todo lo ocurrido en torno de Zeuxis Pausias ‘Jesús Santrich’ Hernández Solarte, el inefable excomandante de las Farc que busca no ser extraditado a Estados Unidos, parece un galimatías jurídico y político que nadie parece entender.

Esa dificultad, prácticamente ha dividido a los colombianos, entre quienes le endilgan toda suerte de comentarios negativos a la Justicia y quienes defienden las actuaciones de las Cortes, por un lado, y entre quienes defienden el proceso de paz con las Farc y quienes lo apoyan decididamente, por otro. Generalmente, aquellos que critican a la Justicia están en contra de proceso de paz, y quienes la defienden, también defienden lo negociado en La Habana.

El problema, que en realidad no lo es, se entiende con facilidad si se tiene en cuenta que, por muchas razones, en los últimos tiempos, aunque haya quienes no lo consideren así, las Cortes actúan apegadas al derecho, alejadas de todas las consideraciones de tipo partidista, aunque no de tipo político.

 Si la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) consideró que a ‘Santrich’ no lo podían extraditar a Estados Unidos, aunque ella, según los entendidos, solo debía precisar las fechas de ocurrencia del ilícito, fue porque las pruebas que se pidieron a los Estados Unidos nunca fueron enviadas por estos. No parece lógico imaginar a los más altos jueces prevaricando en grupo para evitar que al exguerrillero lo extraditen.

Si en un pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia determinó que al excomandante de las Farc lo podía procesar la justicia ordinaria, porque consideró que a pesar de haber sido elegido no estaba amparado por normas especiales para funcionarios aforados, fue porque así lo consideró en ese momento, así ahora resulte equivocado.

Luego, el Consejo de Estado determinó que el aforo ampara al elegido desde el momento de su elección, aunque no se haya posesionado. Y la misma Corte, hace pocos días, dando reversa a su pronunciamiento inicial, decidió en favor de la libertad de ‘Santrich’, porque se amparó en el fallo de sus colegas del Consejo. No hubo contradicción más allá de las aparentes.

Por esa razón, fue la misma Corte Suprema, no otro nivel de Justicia, la que llamó a ‘Santrich’ a indagatoria por narcotráfico y concierto para delinquir, y la que decidirá, luego de una audiencia en la Sala Especial de Instrucción, si decide o no ordenar su arresto. Estos dos actos son de competencia exclusiva de ese organismo, único que puede procesar penalmente en la justicia ordinaria a los congresistas.

Esa calidad de aforado constitucional de ‘Santrich’ quedó en evidencia hace una semana, cuando la Corte ordenó ponerlo en libertad, y reiteró que una juez de garantías que ordenó recapturarlo al salir de la cárcel, donde estuvo varios meses, no era competente para conocer el caso.

En este, como en otros casos controversiales, no se puede olvidar que echar mano de cualquier detalle se convierte en bandera de agitación partidista, y todavía más en las actuales circunstancias de increíble polarización de los ciudadanos.

Una decisión, aunque pueda ser importante para ‘Santrich’, es algo que solo debería interesarle a él y a su partido Farc, pero no ser considerada como la piedra de toque que determinará la pureza de principios de uno u otro bando, o como si de ello dependiera la historia del país. Así de polarizados estamos.