Dos lecturas se le pueden dar al alzamiento indio y de buena parte de la población ecuatoriana contra el gobierno del presidente Lenín Moreno, que firmó y aplicó de un solo golpe las recetas contenidas en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): una netamente económica y fiscalista y otra relativa con el costo político que lo tiene contra las cuerdas.

Lo más doloroso del llamado ‘paquetazo’ fue la eliminación de tajo del subsidio equivalente a  1.300 millones de dólares al año, que destinaba el Estado para amortiguar el precio de los combustibles en el país petrolero.

La apuesta de subsidiar finalmente pasó factura a la vecina economía ecuatoriana que debió optar por sincerarse, elevando de un solo golpe el precio de la gasolina extra que pasó de 1,85 a 2,40 dólares el galón y del diésel de 1,03 a 2,30 dólares. Esta impopular medida la adoptó para conjurar, en parte, el déficit fiscal.

A Moreno le correspondió ‘bailar con la más fea’ y para tratar de tapar ese hueco fiscal, añadido al de una creciente deuda externa, negoció y acordó un fuerte recetario con el FMI que le proporcionará 4.200 millones de dólares en ayuda para reformas. 

El caso ecuatoriano, donde el levantamiento popular se agrava, permite hacer un paralelo con Venezuela en el que el subsidio estatal a los combustibles los convirtió en los más baratos del mundo, en un asunto que viene no de ahora, sino de muchos años atrás. Recordemos el trágico Caracazo, luego de que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez decidiera aumentar el precio de los combustibles.

En la actualidad, en medio de la peor crisis social, económica y política de su historia, Venezuela arrastra la siguiente situación descrita por el centro de análisis Ecoanalítica: “el Estado venezolano perdió en el último año unos US$5.500 millones por regalar en el mercado interno toda la gasolina que podría haber vendido en los internacionales a un precio medio de US$3,70 el galón”.

Ahí está el contraste en nuestro vecindario de lo que ocurre cuando se persiste en mantener ese tipo de políticas, que al ir a tocarlas o eliminarlas, generan una reacción en cadena en la población, que bien puede ser de protestas desbordadas e incontrolables o en el otro extremo de mayor empobrecimiento al desatarse oleadas inflacionarias  costa de la carestía de la gasolina y de los pasajes del transporte urbano e intermunicipal. 

Volviendo a Quito, Moreno ¿jugó bien? Es decir, ¿era necesario ser tan drástico en aplicar medidas económicas radicales de ese orden? ¿No cabía la gradualidad? Evidentemente hay que hacer esfuerzos en momentos de crisis, pero un país donde 25 de cada 100 personas son pobres, lo mejor que hubiera funcionado era una elevación moderada en el tiempo.

De lógica que ahí entra la deliberación y medición de fuerzas entre los economistas y fiscalistas duros para quienes lo trascendental son las estadísticas, las cifras y la reacción de los mercados internacionales, y los que consideran que el saneamiento debe venir sin arrastrar a gruesos segmentos poblacionales a la extrema pobreza.

Son estilos dirán unos. Son acciones dolorosas que como en la cura de enfermedades a veces deben tomarse decisiones radicales, pero de todas formas el humanismo y la consideración social de las draconianas soluciones económicas no deben dejarse de lado, porque no toda la carga de la crisis debe arrojarse a las bases.