Hechos de resonancia pública, de alto impacto político, en el ámbito interno de los países donde se originan, así como en el exterior, son los que se han registrado en las últimas semanas en Venezuela y Nicaragua.

Son, sin duda, situaciones de crisis cada vez más complejas y con perspectivas de agudización por la posición cerrada de los gobiernos y por lo inocuo de las decisiones de organismos representativos de la comunidad internacional.

El enfrentamiento entre el Gobierno y los sectores de oposición de Venezuela ha generado tensiones bien difíciles. 

Las elecciones recientes en ese país mediante las cuales se impuso como hecho relevante la reelección del presidente Nicolás Maduro ha provocado reacciones de rechazo por parte de varios países y de los partidos que consideran se han vulnerado derechos fundamentales. 

Lo cierto es que en Venezuela las aguas corren turbias. Allí hay un resquebrajamiento de la democracia y no se advierte ninguna voluntad oficial en el sentido de buscar acuerdos que pueden llevar al entendimiento. 

Mientras tanto, el deterioro de la economía y sus secuelas se convierten en fuentes de tragedia colectiva, como es la masiva migración de nacionales hacia países vecinos en busca de opciones que mitiguen la acumulación de tantas necesidades insatisfechas.

Se está ante una emergencia humanitaria que exige atención especial y ante la cual no debe haber indiferencia. 

Desde luego que no se trata de promover intervenciones de fuerza que violan la soberanía de las naciones. Hay que  buscar canales de diálogo que lleven al reconocimiento de perturbaciones graves y de la conveniencia de ponerle punto final a un deterioro que tampoco le deja buenos réditos a quienes gobiernan.

Venezuela debe salir de las incertidumbres que la acosan y reconstruir el tejido de una democracia que haga viable su estabilidad y su desarrollo y le dé un estatus de respetabilidad ante la comunidad internacional. Sus riquezas nacionales deben servirle para vivir en convivencia, con un alto nivel de satisfacciones para  todos sus habitantes.

A Nicaragua también le corresponde corregir el rumbo. No puede seguir esa nación sumida en la violencia cotidiana, con un recorte abrupto de las libertades ciudadanas. 

Cuando los estudiantes protestan en forma tan reiterativa debe ser que tienen motivos reales y como no hay canales adecuados para atender sus peticiones sobrevienen esos choques que dejan víctimas y crean el estado de zozobra preocupante que en los últimos días ha sido más que evidente.

No puede ser que un país que sufrió los estragos de una larga tiranía y fue capaz de dar el salto a un Estado democrático caiga en la regresión a ese pasado funesto.

El presidente Daniel Ortega no puede ser el nuevo verdugo de su pueblo. 

Y antes que aferrarse al poder por la vía de la arbitrariedad tiene que entender que los tiempos son otros y está en el deber de solucionar una crisis que le ha dejado a Nicaragua un saldo de desgracias de grave impacto.

Lo que sigue para Nicaragua no es volver a la “Fiesta del chivo”, sino de rescatar la democracia que se había propuesto construir.