Hace tres años en una decisión unilateral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera con Colombia, con lo que agravó la difícil situación económica y social de miles de familias del vecino país, y generó una serie de hechos perturbadores que han derivado en la crisis humanitaria de proporciones que ahora vivimos.  

Maduró justificó entonces el cierre de la frontera para enfrentar, según él, los fenómenos del contrabando, el paramilitarismo, la violencia criminal desatada en las zonas limítrofes, y a las mafias de Colombia que hacen parte de lo que ha llamado “la guerra económica” lanzada contra su país. 

Pero esos fenómenos siguen vigentes, en algunos aspectos se han agravado, por lo que se puede deducir que las drásticas y restrictivas medidas del gobierno de Maduro, resultaron un rotundo y doloroso fracaso. 

Son medidas que han afectado más a los venezolanos que a los colombianos y a sus autoridades, a las que el mandatario suele echarles la culpa de todos sus males. 

Por los erráticos manejos de la economía, la hiperinflación, el desabastecimiento de productos básicos, la destrucción del aparato productivo, y la tremenda escasez de alimentos y medicinas, los venezolanos están huyendo de su país, dejando lo poco que les queda, en busca de esperanzas y nuevas perspectivas de vida, en un angustioso éxodo que no tiene antecedentes y con pocas posibilidades de contener. 

En Cúcuta y en todas las ciudades del país los hemos estado recibiendo con cariño y aprecio y ayudando en la medida de nuestras posibilidades. 

El impacto de esta creciente ola migratoria ha sido tremendo y traumático entre nosotros. 

La situación de Cúcuta es quizá la más dramática y lamentable. 

Agobiada desde hace más de una década por el desempleo, la informalidad y la violencia criminal, nuestra ciudad está sacrificando y reduciendo sus niveles de atención a su población en condiciones vulnerables en salud, educación, bienestar, asistencia familiar y servicios básicos, para ayudar a los niños, mujeres y hombres que llegan de Venezuela en difíciles condiciones de salud y necesitan urgente atención.

Las cifras actualizadas hasta junio pasado nos indican que 2,3 millones de venezolanos han huido de la crisis de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, según Naciones Unidas.  Los venezolanos que se han ido  —aproximadamente 7% de los 32,8 millones de habitantes de esa nación – afirmaron que la razón principal de su éxodo era la falta de alimentos.

Funcionarios de la ONU reportaron que 1,3 millones de esos venezolanos “sufrían desnutrición”. Venezuela, que tiene grandes recursos petroleros, atraviesa una crisis económica y política cada vez mayor.

A los gobernantes venezolanos encabezados por Maduro poco les importan las preocupaciones y observaciones de organismos como la ONU y de mandatarios de varios países hermanos. Tercamente, se oponen a la ayuda humanitaria de la comunidad internacional, alegando que se trata de maniobras “injerencistas” del imperialismo yanqui. 

Las cifras no pueden ser más aterradoras. Por ejemplo, según funcionarios de Naciones Unidas, más de 100.000 enfermos de sida están “en peligro” debido a la falta de acceso a medicinas.

La crisis de Venezuela y sus repercusiones en las zonas de frontera parecen haber llegado al punto de no retorno y no dan más espera. Es necesaria y urgente la movilización de toda la comunidad internacional.

Las autoridades colombianas no pueden seguir cruzadas de brazos, mientras en nuestras  fronteras, colombianos y venezolanos se debaten en las condiciones más precarias y lamentables de supervivencia.