“Cúcuta, la quinta ciudad más violenta del país”, fue el titular del periódico relacionado con el reporte oficial de Medicina Legal sobre la cantidad de homicidios sucedidos a lo largo del año pasado. Ese es un sitial poco honroso y que les da la razón a los cucuteños que han venido reclamándoles a las autoridades que se amarren los pantalones frente a la inseguridad que campea.

Sin apasionamientos, uno se pone a mirar estadísticas sobre aspectos que en parte tienen que ver con toda la amalgama de problemas sociales, y ahí siempre aparece la ciudad en los primeros puestos de podio. Así ocurrió con las recientes mediciones de la informalidad laboral y con las cifras de desempleo que entregó el DANE.

Luego ha llegado el momento de pasar de las palabras a las acciones y los hechos porque no puede ser posible que se mantenga una tendencia ascendente en los homicidios, que de 202 casos en 2018 saltaron a 241 el año pasado, en la capital de Norte de Santander, tal y como lo expuso Medicina Legal.

Lógicamente no se  le puede poner un policía para que cuide a cada uno de los 840.000 habitantes de la ciudad, pero sí debe  activarse ya una acción contundente contra  el hampa, que incluya tanto acciones operativas en las calles como de inteligencia y de coordinación interinstitucional con la Fiscalía y el poder judicial.

Patrullajes, puestos de control, requisas, operaciones relámpago en los 17 lugares críticos que hace algunos días referenció el alcalde Jairo Yáñez, habilitar la totalidad de las 311 cámaras de vigilancia, disponer agentes encubiertos dentro de la planificación de más certeros golpes a las estructuras criminales, son actividades que el ciudadano de a pie quisiera ver pronto.

Ya no es solo la percepción sino que de verdad la inseguridad tiene la asechanza a  la vuelta de la esquina, en el día o la noche, hasta en la misma casa o en los sitios que comúnmente frecuenta la gente, razón más que suficiente para que haga algo de inmediato, ante de que se salga de control.

Pero, lastimosamente, el mapa de homicidios nos muestra también un Norte de Santander con complicaciones, con Tibú que tiene más de 36.000 habitantes, registró 86 homicidios a lo largo del año pasado, aunque el seguimiento de La Opinión indica 94, y Villa del Rosario con 123.000 la totalidad  de muertes violentas llegó a 46, poniendo a ambas localidades en el podio como segundo y tercero, seguido por Ocaña con 41, aunque Convención no se  quedó atrás y registró 20 homicidios. 

Luego ahí fácilmente se concluye la galopante inseguridad en la región del Catatumbo impactada por la presencia de la mafia del narcotráfico, las bandas criminales, el Eln y las disidencias de las Farc, mientras que Cúcuta y Villa del Rosario, Puerto Santander y Los Patios, los dos últimos con 20 asesinatos cada uno, arrojan una preocupante sombra sangrienta sobre el área metropolitana.

Esta dolorosa estadística tiene que llevar a una reflexión y a una toma de conciencia de que por un lado hay que hacer valer el poder del Estado para confrontar a la criminalidad, pero por el otro, emprender acciones para que el posconflicto se afiance y que así como debe haber un brazo policial  y judicial poderoso contra  la delincuencia, también tiene que lograrse una muy fuerte política de empleo y de apertura de oportunidades, porque de lo contrario el mañana será más dramático, como lo prueba la escalada homicida de año a año.