Los gobiernos no están exentos de entrar en contradicciones con ellos mismos, y los ciudadanos de ordinario no saben a qué atenerse, lo que da pie a la falta de credibilidad en el mandatario y a la desobediencia, que lleva siempre al desprestigio y a la deslegitimación de la autoridad.

Cuando la contradicción es sobre cuestiones de poca importancia, sobre asuntos que a la mayoría de ciudadanos no interesan, las consecuencias nunca llegan lejos y se superan con facilidad. Todo cabe dentro del margen de error que se le otorga a cada autoridad.

Pero hay contradicciones que ponen al país, o a una región, casi en pie de guerra, y el anuncio reciente del ministerio de Defensa de comenzar a erradicar inmediatamente los cultivos de coca del Catatumbo, crispó los nervios de autoridades y ciudadanos de Norte de Santander y generó reacciones encendidas.

Lo grave de la situación está en la razón para el afán: de erradicar 50 mil hectáreas, como lo prometió, depende la cabeza de Luis Carlos Villegas como ministro de Defensa: él mismo lo planteó de esa manera hace algunas semanas hablando con periodistas. Le falta el 32 por ciento de su objetivo.

Pero su preocupación personal no puede, jamás, poner en riesgo la muy frágil calma que se vive en el Catatumbo por razón, entre otras, todas muy poderosas, de la economía de la coca, de la que vive la región desde hace largos años y en torno de la cual se vivieron episodios muy dolorosos en la guerra que está terminando.

Y su determinación de adelantar en Norte de Santander una acción de erradicación forzosa de cocales es equivocada y va en contravía de difíciles acuerdos formales firmados por el gobierno departamental con los cocaleros del Catatumbo para adelantar programas de sustitución voluntaria, como lo determinó la política de la negociación con las Farc.

El solo anuncio de que el ministerio de Defensa tomó la decisión de erradicar cocales por la fuerza puso en pie de guerra a los campesinos del Catatumbo, que ya están hablando de paro y otras acciones, de todo lo cual hay una memoria muy ingrata en esta región.

Quizás el ministerio tenga la misma confusión que el embajador de Estados Unidos en Colombia dice que tienen en el gobierno su país en torno de la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria. Pero, la verdad, en Norte de Santander hay la suficiente claridad en relación con lo que cada cosa significa y, en especial, con lo que se ha acordado. Y todo lo que se acordó es la sustitución voluntaria. Sin adiciones. Sin interpretaciones personales.

Si la cabeza del ministro está pendiente del 32 por ciento de incumplimiento de sus metas, es sencillo lo que tiene que hacer: cumplirla, erradicando donde no haya acuerdos que atenten contra la tranquilidad de una región que ya no quiere más guerra.

El ministro debería reflexionar sobre un hecho muy claro y doloroso: la ausencia del Estado obliga a las gentes a satisfacer sus necesidades de manera no ortodoxa, muchas veces al otro lado de la línea que separa lo legal de lo ilegal. Significa esto que por falta de Estado los cocales son la fuente de subsistencia de millares de familias, que no se oponen a que la coca deje de ser lo que es, siempre y cuando el Estado les ofrezca alternativas.  

Pero que cuando se las ofrece y se pacta sobre ellas, no haya ministros que cambien las reglas de juego para salvar su cabeza.