Una realidad es la de la sequía, que agosta los cultivos y la vegetación más indefensa, algunas veces hasta hacerla arder, en circunstancias excepcionales de propensión y de calor.

Otra, la de que esa situación anormal de resequedad puede ser el pretexto para intentar objetivos particulares, en especial en sitios donde es relativamente fácil eludir cualquier control oficial.

Y esta segunda realidad es la que podría estar viviendo, desde hace algunas semanas, la extensa y solitaria zona selvática de Catatumbo, donde han ocurrido cerca de 20 incendios forestales que han devastado entre 900 y 950 hectáreas de bosque húmedo tropical, incluidos algunos sectores del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, un verdadero tesoro natural.

Las causas para este tipo de incendios pueden ser numerosas, pero, según la experiencia regional, tienen que ver con quemas de maleza que se escapan del control de los finqueros, aferrados a la vieja, fea y pésima cultura de limpiar con fuego el terreno de cultivo; con la irresponsabilidad de cazadores y campistas que prenden fuegos que luego no apagan o abandonan envases translúcidos que, por momentos, pueden hacer las veces de lupa que concentra los rayos del sol sobre la hojarasca y desata el fuego…

Pero, como se comenta en voz baja en algunas zonas de Catatumbo, a esa serie de razones se puede sumar otra, nueva, relacionada con la posibilidad muy factible de que algunos fuegos allí obedezcan a causas e intenciones criminales.

Algunos incendios de las últimas semanas podrían tener explicación en la acción de cultivadores de productos ilegales, que incendian la selva para limpiar zonas dónde cultivar coca.

Los analistas consideran que habría dos razones para estas acciones: una necesidad imperiosa de cumplirles a traficantes que les dieron dinero anticipado para que les vendieran a ellos la producción, frenada en las zonas accesibles por la acción de las autoridades y los anuncios gubernamentales de erradicación, y el afán de tener cultivos para que, cuando comience esa erradicación negociada, los cultivadores recién llegados estén en las listas de eventuales beneficiados.

Al fin y al cabo, hace pocos días, una asociación campesina de la zona le pidió al Estado 1,5 billones de pesos para financiar programas de sustitución de cultivos, una suma que estimula a cualquiera a sembrar coca o marihuana, en la seguridad de que tanto dinero alcanzará para todo agricultor en la ilegalidad. Y, todo, por darle paso a la exageración en vez de a la moderación y la realidad.

Aparte de las razones que pueda haber detrás del fuego, es necesario tener en cuenta que en lugares como Catatumbo los daños a la naturaleza pueden ser  irrecuperables. Se están poniendo en grave riesgo especies vegetales y animales de las que quizás no se conozca lo suficiente.

La falta de recursos para combatir el fuego en Catatumbo es proporcional a la falta de interés de algunas autoridades del Estado para apoyar a los pocos que se atreven a enfrentar la tragedia. ¿Qué podían hacer el domingo pasado los seis bomberos de Tibú para combatir siete incendios forestales? Nada.

Se argumenta la situación político-militar de Catatumbo para justificar la inactividad aérea de apoyo, pero en zonas similares, como el páramo de Güina, el Ejército ha ayudado, incluso in situ, a combatir incendios como los nuestros.

Corponor, por ejemplo, podría ayudar gestionando el apoyo militar aéreo y enviando recursos para enfrentar las emergencias, de la misma manera como, en su precariedad, hace Parques Nacionales cuando las llamas están en el parque Catatumbo Barí.

Hace pocos días, un coordinador de voluntarios estaba ante la disyuntiva de retirar a su gente de un incendio, para que no siguiera aguantando hambre y sed, o mantenerlos allá, sin recursos, corriendo riesgos. Mientras tanto, varios helicópteros militares estaban aparcados en Cúcuta. Uno despegó y fue hasta el área de desastre, y regresó sin novedad alguna… pero varios días después.