Son apenas algo más de 300, pero suficientes para meter en problemas a todas las autoridades colombianas relacionadas con el manejo de la seria crisis en la frontera con Venezuela. Desertaron de las fuerzas de seguridad de su país, y se fugaron, y hoy los acoge Colombia, en una situación que puede generar problemas.

Todos dejaron atrás sus lealtades y su país, porque se convencieron de que el presidente Nicolás Maduro no es su presidente, o porque atendieron el llamado del extranjero, de apoyar al presidente interino, Juan Guaidó, y formar parte en la deserción masiva que se esperaba para el día en que se intentó llevar a Venezuela algunos camiones con auxilios para los venezolanos enfermos y más necesitados.

El fin de semana pasado, varias decenas de estos exmilitares, exguardias y expolicías que desertaron, protestaron porque, al parecer, los responsables de su situación les habían planteado que debían dejar el hotel de Villa del Rosario donde están alojados, y buscar dónde vivir. Les darían 350.000 pesos y un mapa con los barrios de Cúcuta.

La situación fue superada el lunes, al menos de manera temporal.

Pero lo ocurrido lleva a pensar en que los administradores del Estado nunca han superado la improvisación que caracteriza la mayoría de las soluciones que se adoptan para situaciones inesperadas.

Algo tan complicado como enfrentar a un Estado vecino desde un discurso diplomático pero traducido en vías de hecho, tiene que tener una planificación muy precisa, milimétrica, y varias opciones alternativas, por si la inicial fracasa, como, en efecto, fracasó.

Cabe preguntar ¿cuál sería, entonces, hoy, la situación en Cúcuta, si a los llamados a la deserción hubieran sido atendidos digamos por el 1 por ciento de los 300.000 miembros de las fuerzas armadas de Venezuela? ¿De qué dimensión sería el caos en Cúcuta con 3.000 soldados exigiendo que les cumplieran lo prometido?

¿De dónde hubieran salido los recursos para sostenerlos indefinidamente, y en dónde estaban listas las instalaciones para albergar a una fuerza de 3.000 hombres que solo saben matar y no dejarse matar? Porque, teóricamente, eso es lo único que se les enseña a los soldados de un Ejército.

Si solo unas cuantas decenas de desertores tuvo el fin de semana a altos y muy conspicuos funcionarios del Estado sin saber cómo actuar ante las presiones, ¿cuál hubiera sido la actitud de todos ante 3.000, que de todos modos hubieran sido solo la quinta parte de los que esperaban que desertaran y sobre lo cual, todo parece ser así, Guaidó prometió a Estados Unidos que ocurriría?

Vale la pena unas últimas preguntas, porque, quiérase o no, para sostener a estas personas, que en otras circunstancias hubieran disparado contra Colombia sin miramientos, se está echando mano del dinero de los contribuyentes. ¿Hasta cuándo estarán esos desertores viviendo del Estado colombiano, en condiciones de lejos superiores a las de otros miles y miles de venezolanos que necesitan más y nada reciben?

¿Qué pretende hacer con ellos el Gobierno colombiano? ¿Sabe Colombia, en realidad, quién es cada uno de los desertores? ¿Tenemos seguridad de que entre ellos no hay una especie de avanzadilla de fuerzas de choque venezolana? Ojalá…