Un deporte local —pero, ante todo, un estupendo negocio para picapleitos, abogados y tinterillos— consiste en demandar al Municipio por cualquier motivo. Al fin y al cabo, como no tiene una defensa consistente y sólida, hay probabilidades muy altas de ganar los pleitos… y los millones.

Hoy, Cúcuta enfrenta unas tres mil demandas que, en caso de perderlas, le significará pagar unos novecientos mil millones de pesos —más o menos trescientos millones por demandante, en promedio.

Desde luego, muchas —realmente, la mayoría— de estas demandas no son caprichosos intentos de las personas por sacarle injustamente el dinero al Estado, sino consecuencia de graves errores de funcionarios públicos irresponsables… por no hacer referencia a actuaciones de mala fe, que se dan sin que la Procuraduría politizada se inmute y sin que las ineficaces Fiscalía y Contraloría se den cuenta.

Despidos injustificados de empleados, anulaciones de contratos en marcha para otorgarlos a amigos, incumplimientos de compromisos civiles y laborales, en fin, una serie no muy larga, pero sí jugosa, de situaciones antijurídicas, permiten que los juzgados administrativos se atosiguen de demandas y reclamaciones que, al cabo de algún tiempo, por falta de defensa juiciosa y verdaderamente profesional, el Municipio pierde.

El capricho de los ordenadores del gasto —alcalde, gobernador, gerente…— lleva a situaciones graves, como la que generó un pleito multimillonario por parte de una empresa de parqueaderos que se sintió afectada porque desde la Alcaldía le arrebataron un contrato para guardar los vehículos sancionados por violar las normas de tránsito.

La demanda, que ya va en más de cuarenta mil millones de pesos, incluidos los intereses, avanza en la Justicia; que el Consejo de Estado haya anulado todo lo acordado en un laudo arbitral, no significa que la demanda haya muerto o que los interesados hayan desistido.

Otra demanda multimillonaria se refiere a las pretensiones de Proactiva, que ya alcanzan cerca de veinte mil millones de pesos.

Desde luego, la Alcaldía tiene una Secretaría Jurídica, que se encarga, entre otras cosas, de dirigir la defensa de los intereses municipales. Pero, como en otras dependencias del Estado, muy probablemente esa oficina no disponga de todos los recursos humanos suficientes para un trabajo exitoso.

Así, pueden tener la mejor disposición de trabajar, pero atender tres mil demandas de manera simultánea exige muchos esfuerzos, apoyo y recursos, y en ese sentido el Alcalde deberá actuar en consecuencia.

Pero, más que disponer de mayores recursos por parte del Alcalde o de quien sea el ordenador del gasto, lo que se requiere es que haya funcionarios idóneos y sensatos, que sepan muy bien las consecuencias de cada paso que dan.

Actuar así les permitirá a ellos estar del lado de la norma legal, y al Estado, ahorrar sumas enormes que paga por fallos en su contra. A menos que eche mano a recursos establecidos legalmente, como el de repetir las demandas en su contra, es decir, a su vez demandar, por la misma suma, al funcionario que actuó mal y dio origen a la demanda.

Cuando esto se haga norma, todos los funcionarios tendrán cuidado con lo que hacen.