En las dos últimas semanas los colombianos asistimos impotentes ante la oleada de paros y jornadas de protesta que están afectando gravemente a diversos sectores de la actividad nacional en las diferentes regiones del país. Se trata de una problemática que por lo recurrente no deja de ser preocupantemente complicada por sus efectos y consecuencias nefastas.  

Se ha interrumpido y afectado la normal actividad en la rama judicial – de por sí calamitosa y caótica para el ciudadano de a pie –; adicionada con la protesta de los guardianes del Inpec que agrava la crisis del sistema carcelario; se ha paralizado por enésima vez la educación pública, y se mantiene latente la amenaza de paro de los conductores y dueños de taxis contra el sistema Uber.

En el Chocó y en Buenaventura se adelantan paros cívicos con graves alteraciones del orden público por lo mismo de siempre: la falta de atención del Gobierno Nacional para resolver los mismos viejos problemas que generan el atraso y el abandono. Antes hubo estallidos de violencia en Tumaco, también en la marginada región del Pacífico.            

En todos estos movimientos y jornadas de protestas hay un elemento en común, y es que el Gobierno no cumple los compromisos y pactos que firma con las comunidades. O no los cumple a satisfacción con quienes se compromete. 

Según registros de la prensa, los paros que se han hecho en Colombia en los últimos siete años le han costado al país 9 billones de pesos. Eso es mucho dinero que bien pudo haberse destinado a programas de inversión social en el territorio colombiano.

Para algunos expertos, ese valor perdido es el equivalente a 0.8% del PIB del primer trimestre de 2013. En su momento, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, dijo en un comentario económico que es “como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo”. 

Según el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, “las principales pérdidas (por estos paros y jornadas de protestas) tienen que ver con la productividad ya que no se trabaja con toda la capacidad instalada que tiene el país”. 

Además de los funcionarios de la rama judicial y los educadores, al país lo han paralizado también los camioneros, los agricultores, los carboneros, los cafeteros, los lecheros, los ganaderos, los paperos, los controladores aéreos, los trabajadores de la salud  y los cultivadores de coca para citar algunos.  

Y lo que faltaba: hace apenas unas pocas horas, los guerrilleros desmovilizados de las Farc se declararon en sesión permanente en sus campamentos como protesta por la decisión de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de vía rápida adoptado por el Gobierno y el Congreso para la implementación del acuerdo de paz logrado en La Habana.

La situación es compleja y urge el tratamiento más adecuado para superarla. No se pueden desconocer los esfuerzos del Gobierno por cumplirle a las diferentes regiones del país y hay que ayudarle todo lo que sea posible en esta coyuntura, pues los daños y perjuicios los sufriremos todos. El Gobierno ha reiterado su respeto al derecho a la protesta, por lo cual no se deben presentar ni estimular las vías de hecho que a nada bueno conduce.

El llamado a sus promotores y actores es a la comprensión, la prudencia y el buen juicio. Entre todos tenemos que trabajar por el bien del país y la buena marcha de sus actividades. Ahora y siempre.