Muchas cosas tendrán que investigar las autoridades electorales —si es que asumen su responsabilidad a cabalidad— en relación con el ejercicio electoral del domingo en Ocaña, que buscaba revocar el mandato de la alcaldesa Miriam Prado Carrascal.

Las redes sociales revelaron numerosas irregularidades de quienes estaban de acuerdo con la continuidad de la funcionaria procesada. Pero, al parecer, a ninguna autoridad le importaron las quejas, quizás porque detrás de la alcaldesa hay figuras políticas muy poderosas, económica, social y políticamente hablando.

Lo que más inquieta, sin embargo, es la legitimidad de Prado.

¿En qué se basa? El hecho de que haya mantenido el cargo por escasos 1.064 votos que faltaron para alcanzar el umbral requerido nada significa si se compara con la apabullante mayoría de ciudadanos que no la quieren: nada menos que 16.432, una cifra monstruosa frente a los 360 que la respaldan.

Esa no es legitimidad en ninguna parte. Ese es un resultado que la invita a asumir los hechos como son, no como los puedan interpretar sus apoyadores y sus amigos, a replantearse su situación como líder de la administración.

El apoyo de solo 360 personas es una clara invitación a renunciar, y más, en su situación de funcionaria no solamente sub judice sino por un tiempo privada de la libertad por razón de delitos que pudo haber cometido en sus pocos meses de gobierno.

Si no se ha dado cuenta, desde cuando fue elegida perdió el ¡97.4 por ciento! de sus electores. En esa oportunidad ganó la Alcaldía con 13.558 ciudadanos, 2.874 menos de los que la rechazaron el pasado domingo pese a todos los obstáculos que encontraron para llegar a las urnas.

¿Prado puede, en serio, considerarse alcaldesa de la segunda ciudad de Norte de Santander, con el apoyo de solo 360 votos, o sea, con ¡97,9 por ciento! de votos en contra de su continuidad?

¿Se habrán dado cuenta ella y su círculo —muy reducido, por lo que se ve—, de que esta vez hubo 2.874 más votantes en su contra que los que la eligieron en 2015?

Lo dudamos. De haberlo notado, ya se conocería la sana decisión de ella de no insistir donde no la quieren ni ver ni a ella ni a su equipo. Porque el domingo, los votantes no la repudiaron a ella sino a todo lo que ella implica, incluidos todos sus colaboradores, todos sus contratistas, todos sus apoyadores políticos. Y quizás mucho más a estos últimos.

No está en discusión la legalidad de la investidura de Prado como alcaldesa, porque la Constitución y las leyes electorales la respaldan, sino su legitimidad, es decir, esa importante parte del orden de la política y de la ética pública que genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento.

Si se discutiera la legalidad, se haría ante la Justicia —aunque al parecer el domingo ocurrieron hechos que podrían ameritar ir ante ella—, sino la circunstancia muy simple de que con 360 votos nadie puede llamarse alcalde de una ciudad de 100 mil habitantes. Aunque la ley lo ordene.