En toda crisis o en la aplicación de medidas de cualquier índole, siempre hay ganadores y perdedores, o beneficiados y afectados si es que queremos bajarle la intensidad al término empleado.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recientemente expidió una resolución que les permite, semanalmente, a los venezolanos llevarse del área metropolitana de Cúcuta hasta $1,7 millones en productos de la canasta familiar y otros bienes.

Eso visto hasta ahí se enmarca dentro de las decisiones soberanas de un Estado como el nuestro para darles la mano a los residentes en Venezuela para que vengan a abastecerse, aquí, de los artículos básicos que no consiguen en su país que está sumido en una de las peores crisis de su historia.

El comercio es uno de los renglones económicos de la región que ha visto una ‘minibonanza’ con las compras que hacen las personas llegadas del otro lado del río Táchira, independientemente de la vigencia de esa norma comentada, aunque la misma abre mayores márgenes para la venta de mercaderías a esta clientela que, además, en un buen porcentaje ahora utiliza el dólar que en remesas les envían sus familiares desde otras partes del mundo.

Pero en todo esto ha resultado afectado un renglón de la economía local, como es el aduanero y logístico, porque de acuerdo con sus representantes, el permiso concedido por la DIAN para llevarse de Colombia, por los puentes internacionales, ese monto semanal de artículos, dejó a ese grupo de entidades prestadoras de servicios aduaneros por fuera de cualquier posibilidad de competencia.

Como sucede en todos los casos en que se expiden normas de cualquier tipo, las expresiones de rechazo no se dejan esperar y, en este asunto en especial,  quedó sonando una advertencia del gremio de las agencias de aduana que resulta imperativo que el Gobierno aclare.

Se está escuchando decir desde la orilla de las agencias de aduana, que la Resolución 008489, que permite el paso transfronterizo de productos básicos sin que se exija un trámite aduanero, ‘no fue clara en determinar cantidades y eso podría estar legalizando el contrabando’. 

Y desde la DIAN ya hubo una primera precisión y aclaración a la anterior advertencia -que no debe ser echada en saco roto-.

Dijo que es la encargada, según la Ley, de establecer el formato de tráfico fronterizo o el que hace las veces de declaración aduanera, que debe tener como mínimo: el país de destino de la mercancía, la fecha de salida, la identificación del residente, la descripción de los bienes y se anexa un documento que acredite la residencia.

Sin embargo, nada mejor como las evaluaciones para medir el ritmo de una decisión como la que estamos hablando y en una eventualidad, hacerle los ajustes correspondientes, porque sin duda alguna, no faltarán los avivatos que hayan encontrado allí una forma de sacarle jugoso provecho económico con las respectivas triquiñuelas del caso.

Todos sabemos el compromiso asumido por Colombia en apoyar al pueblo venezolano a enfrentar y superar la crisis, pero por esa razón no se pueden dejar de escuchar las opiniones y las afirmaciones que alertan de posibles maniobras al amparo de una norma emitida con la sana intención de ayudar. Si el análisis arroja que no hay grietas que favorezcan la ilegalidad, pues muy bien, pero ¿qué tal que esté pasando algo?  Por eso es mejor prevenir que lamentar.