Parece que hasta la Iglesia Católica, al menos un sector muy comprometido con la realidad social de la Colombia marginada, está dándose cuenta de que sus aliados de otras épocas, los gobernantes, seguramente no todos, tienen las uñas largas.

Enhorabuena por el descubrimiento y por las consecuencias favorables que de ello se puedan derivar para los colombianos en general.

Que dos personajes tan serios como el obispo de Tibú, Ómar Sánchez, y el sacerdote jesuita Francisco de Roux, hayan clamado al gobierno para que evite que el dinero para enfrentar la posguerra vaya a manos de políticos, es, además de una prevención a tiempo, una especie de isla salvadora en el proceloso mar de miasma maloliente que hunde a Colombia en el abismo de la esperanza perdida.

Cómo será de grave el hecho de que el dinero del Estado llegue a manos de políticos, que hasta el propio gobernador William Villamizar, político pura sangre, se plegó al clamor de los sacerdotes. Clamor al que, entre otras cosas, se unieron defensores de derechos humanos, académicos y líderes sociales que asistieron en Bogotá a un foro sobre cómo construir paz en los territorios.

Como se estima que se esfuman entre 10 y 11 billones de pesos anuales del dinero del Estado, o sea, de todos, llevarse cualquier suma que le pongan al postconflicto por delante sería como un juego de niños.

Solo que en el caso de los recursos para los programas en busca de la paz, se trata, quizás, de los más importantes que el Estado haya destinado. Tanto, que de esa plata depende, sin que haya siquiera que someterlo a discusión, el futuro de Colombia como nación. Aunque parezca una exageración afirmarlo.

Si el proceso posterior a la firma de los acuerdos de La Habana fracasa, los tiempos siguientes serán para olvidar: no solo los actuales guerrilleros de las Farc sino miles y miles de colombianos decepcionados se levantarán, en una especie de cataclismo social sin parangón en contra de lo que considerarán un gran engaño.

La situación planteada por el foro de Bogotá trae a la memoria la promesa de gobierno del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, de trabajar duro para “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Una promesa insólita, sin duda, un exabrupto de marca mayor.

Hoy, la situación es peor. La corrupción en el sector público es en todas las instancias, lo considera la opinión pública. Quizás haya funcionarios y políticos a los que se pueda tachar de la lista general, pero no han hecho méritos. Tal vez no sean ellos parte de los que roban, pero sí de quienes callan, y eso es casi lo mismo.

Sin embargo, el hecho de que desde diferentes sectores se advierta de que los políticos no acerquen sus manos al dinero del posconflicto es muy diciente y desesperanzador, no por el programa en sí, sino por el peligro en que están todos los recursos públicos. Porque los políticos están en todas partes y los recursos del erario también.

Podría pensarse que un toque de alarma como este permitiría implantar en Colombia una nueva cultura, una nueva forma de conducta del funcionario, que es casi siempre un político, y una buena oportunidad para buscar que desde las altas esferas del poder se busquen y adopten los mecanismos que permitan que la transparencia y la corrección caractericen a la burocracia del Estado.

Desde luego que existen organismos que podrían estudiar soluciones y fijar criterios de rigor para evitar que los corruptos se cuelen en la administración del Estado y propiciar así una nueva Colombia.
Solo que todas esas instancias las manejan los políticos.