Es tan volátil la realidad social, económica, militar y política del Catatumbo, que un simple desliz de cualquiera puede conducir a situaciones inimaginables de violencia irrefrenable, como las que ya se han conocido en esa martirizada región.

Estos días, serios incidentes que se pudieron evitar con un poco de voluntad por parte de instituciones del Estado tan visibles como el Ejército, tienen en vilo a toda la región y, de paso, a Norte de Santander.

Uno de los casos involucró a miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido, que, al parecer, dispararon contra líderes de Ascamcat y Cisca que iban a casa luego de asistir a una reunión legal de activistas. Pese a haberse identificado como civiles, los dirigentes Olger Pérez, de Ascamcat; Nicolás López de Cisca, y Horacio Ramírez, líder comunal de la vereda La Torcoroma, en San Calixto, fueron objeto de ráfagas de fusil por parte de soldados.

El atentado generó protestas en todo el Catatumbo, debido a que en algunos sectores se considera que esa acción militar pudo no ser simplemente casual, sino parte de un plan de hostigamiento contra la dirigencia cívica y comunal de la región, un complot para frustrar el acuerdo de paz.

Pocas horas después ocurrió el incidente más grave. El guerrillero reinsertado de las Farc Dimar Torres Arévalo fue muerto en hechos que la autoridad todavía no ha aclarado, pero que para los campesinos fue un asesinato por parte de miembros del Ejército en Convención.

Arévalo había ido en motocicleta a una zona cercana a conseguir herramienta para su trabajo, y al regreso, cuando los campesinos lo esperaban, hubo disparos de fusil que los alertaron. Establecieron que Arévalo no había regresado, y divididos en grupos, comenzaron a buscarlo.

Llegaron a un puesto militar sobre la carretera, donde los soldados negaron saber de Arévalo. Unos 80 campesinos, entre ellos varios niños, buscaron y hallaron un hoyo que alguien estaba cavando en cercanía del campamento militar. Y después apareció el cadáver del campesino. Con el cráneo destrozado por un tiro de fusil.

Los campesinos acusaron de inmediato al Ejército de ejecución sumaria y se opusieron a que autoridades militares hicieran las diligencias de levantamiento del cadáver. Esperaron hasta que funcionarios de la Fiscalía lo hicieron e iniciaron las investigaciones.

Al contrario de otros casos en los que ha habido sospechas de participación de militares, en esta ocasión, el comandante de la Segunda División del Ejército, el general Mauricio Moreno, se vio precisado a admitir y señalar que ‘si hay personal militar comprometido con la muerte (del campesino y exguerrillero) no dudaremos en ponerlo a disposición de la Fiscalía’.

Las palabras de Moreno son obvias y lógicas. Lo que no parece muy lógico es que, sin cumplir mínimos reglamentos, los soldados anden disparando en contra de la gente ni alargando el rosario de víctimas de las acciones del Estado, que completa ya miles de cuentas.

Este es un momento definitivo, en el que todos, pero en especial los órganos del Estado, deben poner toda su atención en cuidar lo que hacen sus funcionarios, porque, como se dijo atrás, cualquier desliz hace añicos la precaria y cada vez más frágil tranquilidad en una de las zonas más volátiles de Colombia.