Parece incontrolable el afán de los burócratas colombianos por restringir la acción de los periodistas y de la prensa. Cada día, alguien en el enorme y paquidérmico aparato del Estado amanece con todo el vigor y todas las ínfulas de censor de turno. Cada vez esgrimen un argumento diferente traído de los pelos, para evitar que la ciudadanía se entere de cosas que ellos, los burócratas, quieren mantener ocultas.

Es lo que está ocurriendo, desde hace algún tiempo, con las limitaciones impuestas por algunos despachos judiciales a los periodistas, en actitud que contraría abiertamente el carácter público de la administración de justicia.

A la Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), estos hechos les resultan preocupantes, porque ‘se está menoscabando el derecho a la libertad de prensa, que protege el artículo 20 de la Constitución Nacional’.

Como resulta preocupante la actitud de algunos burócratas cucuteños, que ocultan información sobre acciones sanitarias en restaurantes y ventas de comida en Cúcuta, con el argumento deleznable de que si la revelan violan el derecho a la intimidad.

Para ellos pesa más la supuesta intimidad del dueño de un restaurante, por ejemplo, que el derecho de todos los ciudadanos a que les digan que hay sitios a donde no pueden ir, porque lo que les venden es comida contaminada con heces, y es más importante que la necesidad imperativa de mantener la salubridad de la comunidad, advirtiendo de negocios que no cumplen con las más medidas sanitarias más básicas.

¿Por qué un funcionario público local puede recomendar en privado no ir a ninguno de los restaurantes de la ciudad, por razones de aseo y salubridad, pero no lo dice en público, dejando que, por congraciarse con los dueños de negocios, los ciudadanos puedan incluso arriesgar la vida?

¿Por qué, para la secretaria de Salud, Judith Ortega, revelar los nombres de negocios, incluso de estratos altos, donde han encontrado ratas, cucarachas, gusanos y hasta materia fecal en los alimentos, es una imposibilidad basada en el derecho de los propietarios a su intimidad, pero no admite el derecho del consumidor a su salud?

Debe saber la funcionaria que sus razones están amparadas solamente en su deseo de ocultar información pública valiosa y no en norma legal alguna. El derecho a la intimidad está protegido para evitar que a una persona se le haga daño, pero sería absurdo esgrimirlo para proteger a personas que hacen daño. Y vender alimentos contaminados es hacer daño a las personas y a su derecho, amparado por el Estado, a la salud y a la integridad física.

En varias oportunidades hemos reiterado que el afán de censurar a la prensa es solo una expresión de la infinita soberbia del burócrata que se cree por encima de la ley o que él es la ley, y algunas actitudes de funcionarios así lo confirman.

Es oportuno preguntar qué le dirá el gobierno a la familia de alguien que murió por comer en uno de estos restaurantes de los que el Estado sabía que no pueden funcionar… ¿qué su vida no valía nada, o que si tenía algún valor, no era suficiente, porque era superior el derecho del infame restaurantero corrupto a que permanezca oculto el nombre de su negocio en el que vende comida que mata gente?