No siempre las obras públicas son señal de que una ciudad avanza en busca de mejores condiciones de vida para sus habitantes. Muchas de esas obras, cuando obedecen a la necesidad de satisfacer carencias de la gente, son inaplazables.

Pero la realidad demuestra que las obras esenciales son las menos en todos los planes de los gobiernos de todo nivel: las más son las que obedecen a intereses del mandatario o de su partido. Lo mismo ocurre con las políticas.

Priorizar obras o políticas o acciones le corresponde hacerlo, en el municipio colombiano, al alcalde y, en gran parte, al Concejo. Decir qué se hace primero, si un puente o una escuela o un parque; a qué se le pone mayor énfasis, a la política educativa o a la de recuperación de baldíos, todo eso es decisión de uno y otros.

En Cúcuta se ha fallado en materia grave en la manera de priorizar, porque, al menos para la administración actual, es más urgente una obra suntuaria, como un parque, que una esencial, como un puesto de salud o una escuela.

Mientras gastan unos 8.500 millones de pesos en remodelar el monumento a Cristo Rey —una obra que no soluciona ninguno de los problemas fundamentales de los habitantes, ni del sector, todos pobres, ni de la ciudad—, el colegio San José de Cúcuta, sede La Cabrera, que está junto al monumento, está en ruinas.

La malla que separa las aulas de la supuesta cancha deportiva es, en verdad, una vergüenza: está rota, oxidada y genera riesgos permanentes para la integridad física de los niños del establecimiento.

En otro sector pobre, en el occidente de la ciudad, los niños de pocos años, los que mayores cuidados requieren, los más frágiles y desvalidos, deben caminar 10 kilómetros entre su casa y la escuela, y viceversa, porque la Alcaldía no les ha contratado el servicio de transporte. Ni a ellos ni a otros de las zonas campesinas.

Estos niños tienen que enfrentar toda clase de peligros generados por una carretera solitaria en una zona deshabitada, desamparados, sin compañía diferente de su buena suerte, para ir a clase a una escuela de Carmen de Tonchalá y volver, en un ambiente de injusticia social originado en la indiferencia de los funcionarios del Estado.

Esos niños, además de los riesgos que enfrentan, están mal alimentados, por razón de su condición socioeconómica, y aun así consideran que es su deber ir a la escuela, incluso contra la adversidad de un Estado manejado por la negligencia y la desidia. Son niños valientes, niños que creen que su futuro está mucho más allá de sus calles y de su suerte, niños que deben ser puestos de ejemplo, víctimas de la circunstancia de vivir en una ciudad donde la politiquería es la que impone el rumbo. 

La opinión pública merece conocer los criterios por los cuales importa más el monumento que el mejoramiento de la escuela vecina, o que el transporte de los niños a los que, en vez de facilitarles la vida con escuelas cerca de casa, los condena la administración que caminen 10 kilómetros exponiendo su vida a cada paso… Y ¿por qué es más importante una obra suntuaria que una esencial, como los comedores para las escuelas de San Pedro y El Pórtico, para evitar que los niños tengan que almorzar en el patio, agobiados por el calor y su condición de abandono?