Se tiene que estar en un nivel alto de preocupación para cometer ligerezas y torpezas que lleven al gobierno y a la oposición uribista a que sin acuerdo previo coincidan en rechazarlas.

Es lo que les ocurre al fiscal Eduardo Montealegre y a la Fiscalía General de la Nación.

La imagen de la entidad fiscalizadora va rodando cuesta abajo, por razón de que su cabeza, el fiscal Montealegre., ha dedicado todo el tiempo de las últimas semanas a defender lo indefendible: los muy extraños contratos que él firmó con la periodista y, a veces, consejera jurídica, sicológica y política Natalia Springer.

En vista de que, por razón de las reiteradas y bien fundamentadas críticas a esos contratos millonarios, la imagen de la fiscalía cayó a solo 36 por ciento, lo obvio es que el fiscal buscara la forma de invertir la tendencia o, por lo menos, de evitar que siguiera bajando.

Se metió, entonces, donde no era oportuno: plantear la posibilidad de que se revisen la amnistía y el indulto otorgados a los guerrilleros del M-19, dado que, según Montealegre, algunos de ellos pudieron haber incurrido en delitos de lesa humanidad en relación con los episodios del Palacio de Justicia.

De inmediato, como para no creer, lo respaldó su permanente contradictor, el procurador general, Alejandro Ordóñez, siempre activo en todo lo que se refiera a atravesarle palos a la rueda del proceso pacificador.

Pero, también de inmediato, el fiscal logró otro hito en la historia del país: poner de acuerdo al gobierno del presidente Santos y al uribismo, su acérrimo y permanente opositor, que le pidieron a Montealegre no agitar las aguas.

Con lenguaje sibilino, desacostumbrado en la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “no parece conveniente” reabrir ese debate 25 años después.

Y en el mismo sentido se pronunció el expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe: “que se examine la verdad, si es que hace falta (…) pero sin consecuencias jurídicas que pongan en duda, que creen posibilidades de revocar lo que el país definió”.

Ligerezas, como los contratos, y torpezas, como esta de proponer que sean revisados la amnistía y el indulto al M-19, tienen consecuencias que se ven muy claras en las encuestas de imagen.

Torpeza es, para un fiscal general, veterano y reconocido frecuentador de los estrados judiciales, pasar por alto situaciones intocables, inamovibles, como lo que se conoce como cosa juzgada, es decir, esa situación definitiva, en la que ya nada se puede hacer, que ampara a las decisiones finales de las altas cortes de Justicia.

Torpeza es, para un abogado tan estudioso como el fiscal, sacarle el cuerpo a la comparación de la realidad jurídica actual con la de hace 25 años, cuando la legislación internacional no era tan drástica, como lo es hoy, en cuanto a fijarles límites a las amnistías como la que se otorgó al M-19.

Torpeza es, para un alto funcionario del Estado, generar desconfianza en la ciudadanía en relación con la seriedad con que se toman decisiones generales en materia jurídica, pues el mensaje del fiscal es el de que lo que hoy vale, mañana puede valer, si la imagen de la fiscalía es favorable. Si no, se cambia.

Así, el proceso de diálogo de La Habana podría resentirse si, aunque no lo hicieran de manera definitiva, los delegados de las Farc desaprobaran lo firmado hasta ahora, porque no hay suficientes garantías jurídicas por parte del Gobierno de que lo acordado se cumplirá.

Y tendrían toda la razón para hacerlo. Estarían basados, nada más ni nada menos, que en los criterios del fiscal Montealegre, que por razones de imagen, de la suya y de la fiscalía, niega principios fundamentales de derecho.