Es necesario insistir e insistir: el Catatumbo y Norte de Santander también merecen vivir en paz, como casi el resto del país. Es un derecho fundamental básico y legítimo, al que algunos sectores sociales se oponen, y a otros, como el Gobierno, parece tenerlos sin cuidado: nada concreto hacen, salvo permitir, tolerar, hablar…

Desde estas páginas se ha insistido sin descanso en la necesidad de hallarles soluciones a los problemas de violencia y criminalidad que hacen del Catatumbo un escenario parecido al de una guerra internacional, por los niveles de salvajismo e impunidad que allí existen.

Lo dice —y coincide con lo expresado aquí— un amplio grupo internacional de juristas expertos en analizar la situación de los derechos humanos en el mundo, uno de cuyos miembros, la abogada británica Sue Willman, conmovida por todos los asesinatos de líderes populares, se pregunta: ¿Qué está pasando con el Estado, con la Policía y con las Fuerzas Armadas, si esto ocurre?

La respuesta es sencilla: nada.

Nadie sabe nada de cómo avanza la investigación sobre la feroz matanza de El Tarra; tampoco del asesinato de Alirio Antonio Arenas, el presidente del Concejo de Convención; menos, de la suerte corrida hace dos años y medio por el dirigente campesino Henry Pérez; mucho menos, de quiénes han asesinado de manera vil a decenas de muchachos civiles de los pueblos del Catatumbo, si es el Eln o el Epl, o las dos organizaciones, u otros…

Los juristas expresaron su sorpresa por la lentitud con que opera el Estado en lo relacionado con asuntos como los falsos positivos.

“Están investigando casos en esta época, como los falsos positivos, en los cuales encontramos madres y hermanas, que están esperando como 10 años por la Justicia, y hay posibilidad de que esos casos vayan a la Jurisdicción (Especial de Paz) y queremos entender si los casos enfrentarán más demoras y si (los victimarios) estarán libres en una semana”, comentó Willman.

La preocupación del mexicano Gustavo Salas es más profunda. “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”, explicó el jurista. “Hemos escuchado testimonios desgarradores, que son propios de conflictos bélicos internacionales, no de conflictos internos. La brutalidad tiene dimensiones de una verdadera guerra; uno lo compara con eventos en la historia, y el salvajismo que se está viendo es inusitado”.

Sin embargo, el poder central se mantiene impertérrito, inconmovible. Sus responsables, desde el presidente Iván Duque hacia abajo, así como los anteriores mandatarios, actúan como si la zona del Catatumbo no fuera parte de Colombia, o como si fuera una especie de paraíso donde se vive en un ambiente de plena felicidad.

La única presencia del Estado, detectable muy esporádicamente, se traduce en el desplazamiento de más y más militares hacia la zona, pero su actividad en la defensa de la seguridad y de la integridad de los habitantes es nula. La Policía sigue neutralizada por francotiradores a los que nadie se preocupa por neutralizar.

El panorama es desalentador, porque ni siquiera las autoridades regionales asumen la responsabilidad constitucional que les corresponde con el Catatumbo, al que tienen a unos 40 kilómetros de sus despachos.