El espeluznante linchamiento del domingo en la noche en La Gabarra, en el que un hombre fue acusado ilegalmente de homicidio, apuñalado e incinerado, al parecer aún vivo, es un episodio que merece el repudio absoluto de cualquiera que tenga sensatez y principios y en alta estima los derechos de todas las personas.

Lo ocurrido no es, no puede ser, un acto cuya responsabilidad recaiga, como es usual en los linchamientos, en la comunidad en general. No. Los responsables tienen nombre y apellido, y rostro conocido por los policías de La Gabarra que tal vez no hicieron todo lo que tenían que hacer para mantener el imperio de la ley. No para garantizarle al acusado su integridad, sino para defender, incluso con la vida, como es su deber, el orden constitucional y legal. Y la integridad de una persona es consecuencia de impedir que los derechos de todos sean violados.

¿No es, acaso, en ese sentido del máximo sacrificio, el juramento que hacen no solo policías y soldados, sino todos los funcionarios del Estado, de cumplir y de hacer cumplir las normas?

Una salvajada como esta no puede quedar impune jamás. Y son los policías los encargados de denunciar a los responsables. A todos, sin excepción. No pueden ahora salir con excusas como las de que ni vieron ni oyeron ni les consta nada, porque sí estaban en el lugar y vieron y oyeron… Y conocen a los líderes del crimen.

Y saben a ciencia cierta si, con el horripilante asesinato, de quizás se buscó, o no, ocultar para siempre la eventual responsabilidad de otros en el homicidio que le achacaron al desconocido que lincharon… 

Sobre los linchamientos, este diario advirtió, hace unos largos meses, de que llegarían, si las autoridades (policías, jueces…) no cumplían con sus obligaciones y deberes emanados del propio desempeño de sus cargos, por un lado, y del sentido social que tiene toda persona, por otro.

Sobra repetir que la actitud de cobrar ojo por ojo y diente por diente termina en una sociedad ciega y desdentada, enferma de rencor y de odio, dedicada solo al refinamiento de la venganza contra los otros vengadores.

Porque están muy equivocados quienes piensan que apuñalando y quemando a un inocente —toda persona es inocente en tanto un juez no le demuestre que es culpable— se hizo justicia. No. Se cometió un crimen que asquea. Y no fueron todos los habitantes de La Gabarra los asesinos, solo unos, pocos o muchos, pero no todos. Y en el rasero de ellos mismos, no fue un simple homicidio, sino uno agravado, pues medió toda la premeditación de los conspiradores, toda su alevosía, toda la indefensión de la víctima. Hubo un asesinato colectivo y, repetimos, no puede quedar impune.

Los que se mantuvieron al margen también son responsables si saben y no denuncian, si guardan silencio, si se mantienen como cómplices. Si son inocentes, por convicción o por casualidad, deberán de todas maneras demostrarlo, levantarse sobre la infamia de sus conciudadanos y hablar. Eso lo saben ellos, y por eso no es necesario repetirlo.

En lo que se debe ser insistentes es en la necesidad de respetar, por encima de cualquier otro interés, el derecho ajeno. Esa es la base de la paz, según definición clásica de Benito Juárez. Pero, por lo visto, La Gabarra no quiere paz. Lástima.