Someter a los centros hospitalarios al síndrome de la corruptela es una afrenta contra la humanidad que debe ser castigada con la correspondiente severidad judicial,  disciplinaria y política, que alcance a todos tentáculos sin miramientos ni contemplación.

Vergonzoso que sea Norte de Santander uno de los afectados por este escándalo con la intervención del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña por parte de la Superintendencia de Salud, cuyo removido gerente Jairo Pinzón López tiene cuentas pendientes con la Procuraduría.

Ante el Ministerio Público deberá responder por presuntamente hacer celebrado de manera irregular más de 20 contratos de obra y de suministros médicos.

Resulta muy triste que el aguerrido líder social Jorge Solano, quien había hecho esas denuncias,  no hubiera alcanzado a ver que su labor no fue estéril y que sí vale la pena luchar contra la corrupción. Como se sabe,  a Solano lo asesinó un sicario en su casa en Ocaña. 

Extirpar la corrupción en la salud es la cruzada en que debe comprometerse Colombia, porque así logremos cambiar de sistema hacia un servicio universal,  de calidad y preventivo sin intermediarios ni mercaderes, ninguna plata ni modelo aguanta el asalto de los corruptos. 

Tomar el de por sí exiguo presupuesto hospitalario -que siempre tiende a estar con saldos en rojo por las millonarias deudas de las EPS y la lenta llegada de los recursos públicos- es poner en riesgo la vida misma de los pacientes que debe atender.

Es que un hospital ofrece el noble servicio asistencial de salvar la vida, luego entonces ¿cómo puede ejercer esa tarea si el cáncer o la pandemia de la corrupción lo infecta y debilita? 

Despejar esa interrogación poco y nada les importa a los políticos de turno, qué solo buscan poner sus fichas en esas herencias hospitalarias en desarrollo del movimiento estratégico del juego de ajedrez, para luego obtener réditos de diversa índole, sin importarles más nada que sus propios intereses.

Así como se ha venido insistiendo en acabar las EPS, resulta urgente que la normatividad de contratación sea para superar los inconvenientes actuales y no un señuelo para arrancar aplausos de la galería pero que en últimas no sirve para nada. 

Por eso es que siguen encontrándose vulneraciones a los principios de la transparencia,  buena fe,  objetividad,  imparcialidad, economía, eficiencia,  debido proceso,  igualdad moralidad y eficacia, por ejemplo. Tristemente aquí sigue imperando aquel dicho: ‘hecha la ley,  hecha la trampa’. 

¿Cuantas pandemias deberemos soportar para entender que con la salud no se juega? 

Y aunque suene a quimera o fantasía macondiana,  ojalá esta intervención del Emiro Quintero en este pandémico 2020 arroje resultados contundentes y sirva para de una vez por todas empezar a sanear y depurar el manejo de la red hospitalaria en Colombia y así garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, como lo ordena la Constitución de 1991.