Qué curioso, justo un día antes de que empezara a regir la Ley de Garantías que mete en el congelador todo tipo de contratación estatal para evitar favorecimientos electoreros, el 26 de junio pasado se firmó el contrato interadministrativo entre la empresa de economía mixta nortesantandereana Niu-Telco S.A.S. con la Gobernación de La Guajira, por $11.415 millones, para dictar inglés. 

¡Qué llamativo que sea precisamente un ‘contrato interadministrativo’ el que se hiciera, momentos antes de que la prohibición temporal para activarlos entrara a operar!

Aquí surgen diversos interrogantes en wayú. ¿Por qué tenía que ser justo el 26 de junio y no fue en mayo, por ejemplo? ¿Por qué no se esperó hasta después de elecciones para darle vida a esa millonaria operación contractual? ¿Es tan urgente irles a enseñar inglés a unas poblaciones que soportan graves problemas de suministro de agua o de alimentación escolar? 

Ojalá los organismos de control que reaccionaron frente a lo ocurrido y lo pusieron en la mirilla investigativa, les den una mirada profunda a la contratación en las regiones para descartar o confirmar, según sea el caso, si hubo o no una carrera de contratitis contrarreloj para que la Ley 996 de 2005 no les ocasionara interrupciones.  

Comisiones especiales formadas por funcionarios de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía tendrían ahí una buena misión para desarrollar. Esa tarea la reclama la ciudadanía que está cansada de escuchar escándalos en tiempos de elecciones, pero con muy escasos o nulos resultados.

Pero el contrato interadministrativo de inglés llevó a que finalmente Niu-Telco S.A.S. tuviera como aliada a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics). Hasta ahí no se advierte nada extraño ni particular. Pero el siguiente párrafo sí debiera haber encendido las alarmas en la ‘Cúpula Chata’ cuando se hizo la licitación que finalmente llevó a vincularla como socia para que le diera el soporte tecnológico. 

El año pasado,  la Procuraduría formuló pliego de cargos a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto,  por un contrato de $20.453 millones con Funtics para desarrollar un corredor digital para el sector educativo de ese departamento. Para consolidar esa operación, de acuerdo con el Ministerio Público, al parecer se saltaron por encima “los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal”.

Para mantener a salvo el brillo de la legalidad –que tristemente en nuestro país se está volviendo una especie exótica- los organismos disciplinarios, judiciales y fiscales deberían también destinar sus herramientas a diseccionar estos contratos y mirar, por ejemplo, algo que se ha advertido en algunos medios de que probablemente Niu- Telco S.A.S. tendría estrechos vínculos con Funtics porque por lo menos habría dos socios en común.

Muchas dudas. Muchas inquietudes. Muchas preguntas. Cuando eso ocurre alrededor de un millonario contrato de esta naturaleza, lo mejor es hacer un alto en el camino, evaluar y actuar dentro de los cánones que marca la ley, porque en este caso en específico es muy delicado que otra vez la utilización de los recursos de regalías quede en entredicho, aunque Niu-Telco, en una reciente declaración pública defendió el proceso, diciendo: “...hemos obrado con apego a los lineamientos legales en materia de contratación pública”.