Las notas judiciales de los medios locales recogen a diario casos de asesinatos, hurtos, extorsiones y el control territorial por parte de bandas que se creen las dueñas de ciertos puntos de Cúcuta para montar sus imperios del crimen, la intimidación y las economías ilegales. Y como todo lo que empieza mal termina mal, pues lo que les espera a quienes en la ciudad continúan cometiendo delitos contra la vida y la propiedad de los ciudadanos, es una intensa persecución, al anunciarse por parte de las autoridades las estrategias de seguridad en la frontera y en la capital de Norte de Santander.

Es inobjetable que la criminalidad a lo largo de los 147 kilómetros de la frontera entre Norte de Santander y el Táchira genera graves impactos en la ciudad, no solo por los actos delincuenciales que allí se producen, sino porque además se convierte en área de disputas diarias entre todas las bandas que quieren tener el control sobre esta convulsionada zona, incluidas vendettas como la que se dio recientemente cuando varios miembros de la banda La Línea, que delinque en Boconó, fueron asesinados en el barrio Torcoroma.

Es importante la decisión de sacar de los cuarteles a los soldados para que en coordinación con la Policía se adelanten operativos de presencia y control en varios de los lugares en que se buscan contener y erradicar el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y movimiento de divisas.

Todo esto es importante, pero lo que a la comunidad le interesa es que vuelva la tranquilidad a la calle, que llevar un celular no equivalga a un riesgo mortal o que caminar por ciertos puntos, que tratar de cruzar por alguna de las 39 trochas de la frontera no signifique ser ‘vacunados’ y que al bajarse de la moto o ir en ella no constituya transformarse en objetivo para el hampa que acecha para robársela. De ahí que sean fundamentales la contundencia, persistencia y consolidación de esta clase de operaciones.

Acompañando a los golpes, detenciones, incautaciones, allanamientos y desmantelamientos de las estructuras que manejan el delito en esta región del país, es importante que vaya el Estado con acciones para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población que se encuentra en los alrededores en los que dichas organizaciones al margen de la ley operan y que tienen ahí un potencial centro para engrosar sus filas.

Lo dicho por el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta de que el objetivo es “no darles respiro a las bandas criminales”, indudablemente encierra un mensaje de lucha sin cuartel y de que serán perseguidos para sacarlos del territorio, con el fin de que la tranquilidad y el orden se impongan sobre el crimen y la anarquía.

Y un aspecto que no debe dejarse de lado es el de las pruebas y elementos que conduzcan a la judicialización de los detenidos, porque de nada vale que se publiciten a los cuatro vientos los espectaculares resultados policiales, pero a la vuelta de semanas o meses los capturados vuelvan a la calle por la debilidad de los procesos. Ahí es vital que funcionen coordinadamente  la inteligencia, las cámaras de seguridad y los investigadores de organismos como la Fiscalía, la Sijín, el Goes y la Sipol.

Una ciudad como Cúcuta, con altísimos niveles de desempleo, informalidad, llegada de inmigrantes, pobreza extrema y problemas económicos, requiere que la autoridades arrecien la lucha contra el crimen para de esa forma poder estructurar planes y proyectos que atraigan a inversionistas nacionales y extranjeros, y desarrollar otras acciones que conduzcan a la sacarla de la postración en que se encuentra.