Sin que las autoridades locales lo hayan advertido, un serio conflicto social está creciendo de manera acelerada en el corregimiento Palmarito, por un proyecto de exploración petrolífera de Turkish Petroleum International Company (Tpic), que comenzó con pasos equivocados.

Con base en experiencias recientes, los campesinos temen quedar sin agua, de la que dicen haber perdido 60 por ciento luego de la exploración sísmica de Tpic, que en gesto político de soberbia acusó ante la Policía a líderes comunales zonales que, en un intento por hacer conocer su situación, se tomaron su propia carretera, de manera pacífica, para impedir el paso de maquinaria.

En su indefensión, los líderes comunitarios se quejaron con impotencia de que hasta hace algún tiempo los amenazaban los grupos armados ilegales; ahora, lo hacen los empresarios que, en el caso, reemplazan a las autoridades para darles el calificativo de ilegales a los actos de las personas y asignarles responsabilidades legales. 

Lo que no esperaba Tpic —ni conoce la Alcaldía— es que los menospreciados ediles de Cúcuta hayan declarado su respaldo total a los campesinos de Palmarito y sus dirigentes, pues consideran que el reclamo por el agua es más que justificado.

Los ediles, se sabe, configuran la base de la estructura del poder, y están más cerca de la comunidad que cualquiera otra instancia oficial. Son el pulso real de la sociedad, y están en la primera línea de defensa de los intereses populares. Que en Cúcuta los menosprecien no significa que no representen el poder popular.

A la inquietud de Palmarito de que solo por razón de los estudios de sísmica la zona perdió hasta un 60 por ciento del flujo total de agua, la petrolera respondió que los problemas ambientales de la zona son la tala ilegal de árboles y la ganadería extensiva, pero no la actividad exploratoria.

El punto del conflicto es claro: el interés básico de la comunidad, y el de una petrolera. Y ni en este, ni en ningún otro caso, el interés particular puede estar por encima del general, del de un conglomerado humano, por más pequeño que sea…

La de Palmarito es una sola comunidad, y aunque Tpic dice que su trabajo solo afectará una zona precisa, la realidad es que el impacto será sobre toda la zona, pues la carretera, por ejemplo, cruza toda la región, y las fuentes de agua sirven a todos. Así, en el caso de la laguna de la que dependen alimentariamente los habitantes, corre un serio riesgo si se modifica la carretera para facilitar el paso de maquinaria. 

Si no se quiere que el conflicto escale —surgió cuando Corponor calló en vez de emitir un concepto—, el alcalde, César Rojas, debe intervenir pronto. Los alcaldes están facultados para intervenir e incluso oponerse a proyectos mineros que en su criterio no deban desarrollarse en sus territorios. Así lo dijo la Corte Constitucional.

Y pedirle a una universidad, por ejemplo, que haga un estudio geológico de Palmarito, para establecer la realidad, es una acción que debe emprender ya mismo.