Esta pregunta surge al conocerse el Decreto 1550 del 28 de noviembre que cierra todas las fronteras terrestres y marítimas por causa de la crisis sanitaria del coronavirus, que surge como un obstáculo casi que insalvable para quienes en Norte de Santander anhelan que se reabra el paso por los puentes internacionales con Venezuela.

Al leer el texto del acto administrativo, la sensación es que pareciera que se actuara como si esta parte de Colombia no existiera, cuando una de las excepciones se relaciona con el transporte de carga y mercancías. Por los puentes Simón Bolívar, La Unión y Francisco de Paula Santander hace mucho que no hay intercambio comercial.

Los puestos de la DIAN y del Seniat están cerrados. Por aquí no hay ninguna actividad aduanera, que en cambio sí se desarrolla en Paraguachón en la frontera de La Guajira y el estado Zulia.

Nunca ha existido una razón válida ni una explicación fundamentada para esa acción discriminatoria de los gobiernos de Venezuela y Colombia con esta región.

Ojalá que ese resquicio de exceptuar el tráfico de carga y mercancías que dejó la medida que extiende el cierre hasta mediados de enero,  sea aprovechado por el empresariado de Norte de Santander para la gestión ante la administración del presidente Iván Duque, demostrándole que es mejor surtir al mercado venezolano de los productos que requiere a través de la exportación de los mismos.

Esas operaciones de comercio exterior por esta frontera que registra el mayor movimiento de personas, pese a estar con candado, permitirían que bajara ese flujo porque los venezolanos al encontrar en los negocios de su país los artículos que necesitan, pues no tendrían que venirse en masa a Cúcuta con los riesgos sanitarios y de inseguridad.

Para no quedar con los crespos hechos, la región tiene que centrarse en reclamar el derecho a la igualdad, puesto que nadie entiende que en medio de la rota y tormentosa relación, la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores impidan que por aquí se mueva legalmente el intercambio.

Eso es increíble, puesto que dicha actitud lo que hace es alimentar las economías ilegales, fortalecer las trochas y darles vuelo a los grupos al margen de la ley que mantienen sus imperios del mal en esos caminos verdes, dejando en el ambiente el peligroso mensaje de que ‘ser legal no paga’.

Eso hay que hacérselo entender, al precio que sea al gobierno central, porque resulta del más alto riesgo que el cierre sea capitalizado por el crimen organizado, como si ese trozo de tierra que conecta a Norte de Santander con el Táchira no importara y se le dejara al mejor postor, lo cual es de una gravedad extrema.

La Cámara de Comercio de Cúcuta,  Fenalco, Colfecar, los demás gremios, las autoridades locales, congresistas como Jairo Cristo que ha insistido en la apertura comercial y la dirigencia tachirense tienen que jugársela toda, porque de lo contrario seguiremos estando en la historia como una zona hermana signada por el síndrome de Caín.

La sensatez debe primar. 

Si queremos la reactivación, si buscamos bajar esos preocupantes índices de desempleo, resulta siendo esta la mejor oportunidad para que Duque y su gobierno se reivindique con una región que es la representación de la soberanía nacional.

Debemos hablar claro y decirle al gobierno que la frontera es nuestra fuente nutricia y que este prolongado cierre entre comillas, lo que finalmente genera es desasosiego, incertidumbre y una lamentable sensación de abandono del territorio por parte de las autoridades centrales, porque un abismo de ideología y de modelo económico entre Bogotá y Caracas no puede equivaler a una condena injusta para nosotros.