Lo expuesto por la alcaldesa de Tibú, Corina Durán, de que una salida de Ecopetrol golpearía el empleo y de paso significaría graves implicaciones económicas desde el punto de las regalías, deja de manifiesto la urgencia de adoptar planes de contingencia para enfrentar la inseguridad que está golpeando a la petrolera. 

Los números evidencian los beneficios en puestos de trabajo, al ser alrededor de mil las familias que dependen directa e indirectamente de las actividades que desarrolla la compañía en esa zona del Catatumbo.

Y miremos estos otros datos que ayudan a hacerse una idea de lo que sucedería desde el punto de vista social en caso de que Ecopetrol cerrara operaciones en  ese sector del departamento. El campo Tibú, del cual se extraen 2.000 barriles de petróleo diariamente, genera 520 empleos al mes, de los cuales el 86 por ciento es mano de obra local.

¿Qué tal Tibú soportando una cantidad de desempleados de esa magnitud? 

Y sigamos en el mundo de las cifras que para situaciones como la que estamos tratando, muestran la real magnitud y probarían con creces que la salida de Ecopetrol sería un descalabro para los tibuyanos. 

Qué tal que de la noche a la mañana se cortara la adquisición de bienes y servicios a los empresarios locales por $19.000 millones anuales y los impuestos por más de $7.000 millones que aportan los campos Tibú y Sardinata a las arcas municipales de Tibú. 

La situación que resultaría de un panorama en el que no estuviera Ecopetrol, sería claramente calamitosa y demoledora para el mismo departamento, puesto que una crisis de esa magnitud podría llevar a desplazamientos y el agravamiento de las condiciones sociales que llevaría a gran parte de la población de Tibú a caer en la pobreza extrema, por ejemplo.

Las estadísticas que evidencian la inseguridad y que están llevando a la empresa a evaluar la posibilidad de irse de esa región nortesantandereana muestran lo siguiente: 31 camionetas le fueron robadas este año. Han ocurrido 24 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y han sido instaladas 38 válvulas ilícitas para el robo de petróleo. 

Otro hecho grave es que el hurto de equipos está a punto de hacer inviable la producción de 700.000 pies cúbicos diarios de gas de los campos Tibú y Sardinata para abastecer de gas domiciliario a Tibú y Cúcuta.

Esos hechos, más la intimidación a los trabajadores, deben de ser enfrentados, contenidos y controlados por la fuerzas del orden, disponiendo mayores acciones al batallón encargado de cuidar la infraestructura petrolera.

Es decir, que el comando operativo energético # 1, de la Fuerza de Tarea Vulcano, sea reforzado en unidades militares, equipos y armamento para que fortalezca y estreche las operaciones de vigilancia, presencia y control en las áreas en que Ecopetrol y las compañías filiales desarrollan las actividades y de esa manera las resguarden de las acciones delincuenciales.

Para cerrar, queda el llamado de la alcaldesa Corina Durán a la petrolera para que reconsidere cualquier decisión “y siga creyendo en los tibuyanos y demás habitantes del Catatumbo ajenos al daño que de manera sistemática han podido hacer a Ecopetrol unos pocos que podrían ser ajenos a la región”.