Es, más o menos, el 10 por ciento del presupuesto general de la Nación. Lo dice el propio procurador Alejandro Ordóñez, un funcionario que si trabajara todo o al menos parte del tiempo que dedica a la exposición mediática, tal vez hubiera logrado reducir los 20 billones de pesos que se lleva la corrupción pública.

Es una cifra monstruosa, desde luego, que, sin embargo, hasta ahora no ha pasado de ser un mero dato estadístico que no ha generado ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo las acciones que la sociedad exige y la situación requiere para sanear la cosa pública y para garantizar que se mantenga limpia.

Pero, ¿qué gana Colombia con saber que cada año, mafias de burócratas y contratistas se roban tanto dinero de los impuestos? Realmente, nada.

Porque ya los colombianos ni se asombran de lo abultado de las cifras. Mucho menos de la buena suerte de los corruptos, que casi siempre es la misma, por razón de los padrinazgos y las palancas en que se apoyan cuando sus nombres comienzan a rodar en los juzgados.

Si acaso llama la atención saber que el procurador lo sabe, pero casi nada hace para ponerle fin al problema. La razón es que está ocupado en menesteres como el de atravesarle cuanto obstáculo puede a las ruedas del carro del fin de la guerra. Y diseñar su próxima campaña presidencial.

Hablar de llevarse 20 billones de pesos anuales del presupuesto nacional es equivalente a robar tres veces el dinero necesario para el plan de desarrollo de Norte de Santander para los cuatro años de la actual administración…

Y, a propósito de Norte de Santander, aunque no está en la memoria del procurador como uno de los departamentos más corruptos, no está libre de todas esas prácticas irregulares que configuran los delitos contra la administración del Estado. Que las investigaciones sean laxas, y que los procesos judiciales contra responsables sean muy pocos, como se quejan algunos veedores, es un problema adicional.

Entre las claras denuncias de Ordóñez hay una relacionada con el hecho de que muchas entidades públicas han sido tomadas por particulares con el propósito de hacer negocios o proteger sus intereses, y “el Estado termina siendo instrumento de los particulares”. La que no es clara es la explicación de por qué no ha intervenido para ponerle punto final a ese asunto.

La Procuraduría parece no tener funcionarios enterados de la conducta de los burócratas, y por eso ignora, por ejemplo, que en dependencias como algunas secretarías de Tránsito han funcionado dependencias privadas que trabajan de manera paralela con el Estado.

Hay otros lugares donde muchas gestiones oficiales se hacen fuera de las dependencias del Estado, algo así como alcaldías o gobernaciones paralelas, y de ello sabe la comunidad, pero jamás los organismos de control. Tal, su ineficiencia.

Están bien las denuncias de Ordóñez. Lo que no lo parece es que no pase de ahí, de la acusación mediática. Porque sancionar 2,892 funcionarios en casi ocho años, no es una cifra que se compadezca con la magnitud del robo.