Hay que concederle toda la razón a Eduardo Díaz, asesor presidencial del programa de sustitución de cultivos ilícitos, cuando plantea que defender la coca es oponerse al desarrollo. Y, en ese sentido, si se necesita relanzar a Catatumbo desde el estado de postración en que lo tienen, hay que olvidarse de la coca…

Es lo que quiere la gente en esa zona. Lo dijo en las urnas, cuando les dio una verdadera paliza a quienes pregonaban que es la coca o nada, y que además predicaban que se debe trabajar para legalizarla.

Nadie niega de manera rotunda la importancia eventual que puede haber tenido la coca en la economía de algunas familias campesinas muy pobres, como nadie niega a rajatabla la importancia que ha tenido el contrabando en el modo de vida de algunos nortesantandereanos fronterizos.

Pero no por eso hay que defender lo ilegal, y tanto el contrabando como los cultivos de coca lo son. El hecho de que algunos defiendan la economía coquera y otros la del contrabando, no legitima nada, solo aplaza las soluciones.

Pero, quizás sea ese estado de ilegalidad y de caos el que les conviene a los defensores de la planta y del cruce ilegal de mercancías, porque defender a aquel a quien el Estado busca reconvenir y reinsertar siempre deja réditos importantes.

¿A quién se pretenderá engañar? El de la coca, tal como es en Catatumbo, es un cultivo ilegal, pues su único destino es el narcotráfico. Los barí, el pueblo aborigen de allí por antonomasia, no la usa en sus rituales, como otros pueblos. Y, si va al narcotráfico, como no hay prueba en contrario, pues no puede ser cultivada, hay que estar de acuerdo con el Estado en que debe ser sustituida por cultivos lícitos apoyados en todos los recursos necesarios: dinero, tecnología, expertos, logística…

La afirmación de que en la región de Catatumbo dependen de la economía de la coca 300 mil personas es, por decir lo menos, un despropósito, cuando no un delirio. Quizás haya esa cantidad de personas viviendo allí, lo cual indicaría que todas dependen económicamente de la coca. Y eso es más que un exabrupto.

Planteamientos como este no facilitan un conocimiento más preciso de la realidad, y ponen en entredicho cualquier idea del gobierno en torno de formular las soluciones que se requieren.

Los habitantes de Catatumbo llevan allí muchísimo más tiempo que las recién llegadas organizaciones que pretenden apropiarse de su representación y de su vocería. Las gentes de la región pueden, solas, enfrentar sus problemas y con la ayuda del Estado superarlos.

Es importante permitirles que ellos mismos hallen la salida de la compleja situación en la que se vieron inmersos por razón de agentes externos, y de la que pareciera que otros factores foráneos no quieren permitirles salir.

En Catatumbo saben que no hay futuro con la coca, y consideran que una salida pronta a ese problema es imperativa. Ellos, sus raizales, saben mejor que nadie, conocen cómo es su realidad y como quieren su presente y su futuro.

Porque, como sostiene Díaz, “las élites y la economía que se lucran de lo ilegal promueven el atraso”. Y amplía: “Quienes hablan de esa ilegalidad (la de mantener los cultivos mientras se erradican gradualmente) ponen en riesgo los avances del proceso de paz, pues se abre la puerta para que los espacios de desmovilización de algunos actores armados se ocupen por otros grupos que sometan a la población civil”.

A menos que sea eso, precisamente, seguir dominando a la población, lo que se pretende con discursos que no tienen ni pies ni cabeza, expresados a través de vocerías que nadie ha otorgado.