“Papa caliente” es el calificativo generalizado a la situación provocada por la captura de la fugitiva excongresista Aída Merlano, en Venezuela, país con el que Colombia no tiene ninguna clase de relaciones al considerar como dictatorial el régimen de Nicolás Maduro.

La inexistencia de canales diplomáticos con el gobierno cuyo comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó, llevaron a anunciar que a él se le pedirá la extradición de la dirigente política condenada a 15 años de prisión.

Una misión imposible es la que se advierte desde el punto de vista práctico, porque el líder opositor venezolano no tiene control de ninguna parte del territorio del vecino país, tampoco ejerce mando sobre ningún componente de las fuerzas armadas y sobre  los poderes Ejecutivo y Judicial mucho menos tiene riendas.

Ojalá el anuncio de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sirva para elevar la presión política internacional contra Maduro, y que en realidad se busque el mecanismo expedito para superar ese vacío en materia de cooperación entre las dos naciones hermanas, cuyas relaciones atraviesan la peor crisis de toda su historia. 

Bien sea tocando las puertas de organismos internacionales o de terceros países o abriendo un canal especial y expedito, lo realmente importante es buscar destrabar algunos aspectos básicos de la convivencia entre pueblos, como este de la cooperación judicial y policial.

La Interpol sería otra alternativa, y así lo planteó el mismo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, porque en su calidad de organización internacional “facilita la cooperación policial mundial y el control del delito”.

Una declaración que debe ser tenida muy en cuenta y analizada a fondo, es la del secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA), Luis Almagro, que ha mostrado una actitud férrea contra el gobierno chavista, con afirmaciones como esta: “el régimen realiza crímenes contra la paz, al desatar la peor crisis migratoria de nuestro continente, se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad, por parte de la dictadura de Maduro”.

“Corresponde al régimen de @NicolasMaduro entregar a las autoridades de #Colombia a la prófuga Aída Merlano...”, escribió Almagro en Twitter, en una clara muestra de que en medio de las peores situaciones bilaterales, los gobiernos tienen que acatar y cumplir los tratados vigentes, como el de extradición. 

El caso de la prófuga Merlano viene en este momento a agitar más, las de por sí tormentosas relaciones colombo-venezolanas, caracterizadas en los últimos tiempos por fuertes intercambios verbales entre Bogotá y Caracas y que desde febrero del año pasado carecen del personal diplomático tradicional entre los dos países. 

La espectacularidad de su fuga lanzándose por una soga y la sorpresiva detención en territorio venezolano le dan un tinte de alta trascendencia nacional y mundial a este acontecimiento, al que debe añadírsele que la dirigente conservadora costeña es la primera política colombiana  en ser condenada por delitos electorales.

Como se ha expuesto en los medios, este asunto ha dado para todo: ácidas críticas, planteamientos burlescos y advertencias analíticas sobre los pro y los contras del estado actual de la relación colombo-venezolana.